Empresarios colombianos expresan preocupación por el arancel anunciado por Ecuador
GMTV Productora Internacional 
Economía y Relaciones exteriores
La decisión del gobierno ecuatoriano de imponer un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia ha encendido las alarmas en el sector empresarial colombiano, que advierte sobre posibles efectos adversos en el comercio bilateral, el empleo y la estabilidad de cadenas productivas profundamente integradas entre ambos países.
Aunque la medida aún no ha entrado en vigor, gremios industriales, exportadores y cámaras de comercio han comenzado a evaluar sus impactos potenciales, especialmente en sectores como alimentos procesados, manufacturas, productos químicos, textiles y materiales de construcción. Ecuador es uno de los principales socios comerciales de Colombia en la región andina, y la relación económica entre ambos países se caracteriza por un alto grado de interdependencia.
“Un arancel de esta magnitud no es una decisión técnica menor; es una señal política que afecta directamente a empresas, trabajadores y consumidores en ambos lados de la frontera”, señaló un representante del sector exportador colombiano. Según cifras oficiales, miles de empresas colombianas —en su mayoría pequeñas y medianas— dependen del mercado ecuatoriano como destino principal o complementario de sus productos.
El comercio entre Colombia y Ecuador se ha desarrollado durante décadas bajo esquemas de integración regional que buscaban reducir barreras y facilitar el intercambio. La imposición de un arancel generalizado rompe con esa lógica y genera incertidumbre en un momento de desaceleración económica regional y presiones inflacionarias persistentes.
Empresarios advierten que el impacto no se limitaría a las exportaciones colombianas. Muchas cadenas productivas funcionan de manera binacional: insumos colombianos se transforman en Ecuador y regresan al mercado colombiano, o viceversa. Alterar ese equilibrio podría encarecer costos, reducir competitividad y provocar ajustes laborales.
“El problema no es solo cuánto se deja de exportar, sino cómo se desorganiza toda una red de proveedores, transportadores y distribuidores”, explicó un analista económico cercano a los gremios industriales. “Las fronteras económicas no se pueden manejar como interruptores”.
Desde el sector agroindustrial, la preocupación es particularmente alta. Productos alimenticios procesados, bebidas y derivados agrícolas representan una porción significativa del comercio bilateral. Un arancel elevado podría traducirse en precios más altos para los consumidores ecuatorianos y en una reducción de pedidos para productores colombianos.
En el ámbito laboral, los gremios señalan que una caída sostenida de exportaciones podría afectar el empleo formal en regiones fronterizas y en corredores industriales que dependen del comercio exterior. Aunque es difícil cuantificar el impacto inmediato, la incertidumbre ya ha comenzado a influir en decisiones de inversión y planificación empresarial.
La medida también plantea interrogantes sobre el futuro de la integración andina. Colombia y Ecuador son miembros de la Comunidad Andina (CAN), un bloque que históricamente ha promovido la libre circulación de bienes. Si bien los países conservan márgenes de acción en situaciones excepcionales, expertos en comercio internacional advierten que el uso recurrente de aranceles como herramienta política puede debilitar los mecanismos regionales.
Desde el gobierno colombiano, la respuesta inicial ha sido prudente, apostando por el diálogo diplomático y técnico. Funcionarios han señalado que se buscarán canales de negociación para evitar una escalada comercial que perjudique a ambos países. Sin embargo, empresarios temen que el proceso sea lento y que el daño se materialice antes de alcanzar un acuerdo.
Para observadores internacionales, el episodio refleja una tendencia más amplia en América Latina: el resurgimiento de medidas proteccionistas en un contexto de inseguridad, tensiones fiscales y presiones internas. En lugar de disputas comerciales tradicionales, estas decisiones suelen estar motivadas por factores políticos, sociales o de seguridad, con efectos colaterales en la economía.
“El riesgo es que se normalicen este tipo de medidas unilaterales”, advirtió un economista regional. “Eso debilita la previsibilidad, que es uno de los activos más importantes para el comercio y la inversión”.
Mientras tanto, empresas colombianas exploran alternativas: diversificar mercados, renegociar contratos o trasladar parte de los costos a los consumidores. Ninguna opción es sencilla ni inmediata.
Más allá del desenlace puntual, la controversia deja en evidencia la fragilidad de los equilibrios comerciales en la región y la dificultad de conciliar agendas nacionales con compromisos de integración. Para los empresarios colombianos, el mensaje es claro: la decisión de Ecuador no es solo un problema comercial, sino una señal de alerta sobre la vulnerabilidad de una relación económica que durante años se dio por sentada.
