Colombia y la urgencia de una Constituyente: cuando la Constitución deja de servir al pueblo

Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional

La suspensión provisional de la emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro no es solo un episodio más en la ya conocida tensión entre ramas del poder público en Colombia. Es, más bien, la manifestación visible de un problema estructural más profundo: una Constitución y un sistema institucional que han perdido legitimidad social porque dejaron de servir al interés general y comenzaron a operar, de manera sistemática, en favor de minorías económicas y políticas.

La Constitución de 1991 nació con la promesa de democratizar el poder, ampliar derechos y blindar al Estado frente a los excesos del autoritarismo. Treinta y cinco años después, esa promesa luce erosionada. No porque el texto sea intrínsecamente fallido, sino porque su interpretación, su aplicación y el comportamiento de quienes deben custodiarla se han ido alejando progresivamente del mandato popular.

La decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos de una emergencia económica —antes de pronunciarse de fondo— puede ser defendible desde un punto de vista estrictamente formal. Pero el problema no es únicamente jurídico. Es político, institucional y, sobre todo, democrático. Para amplios sectores de la ciudadanía, la Corte aparece hoy no como un árbitro neutral, sino como “un actor que interviene de manera selectiva cuando se afectan intereses económicos consolidados”, mientras guarda silencio ante otras urgencias sociales.

Este no es un señalamiento aislado ni coyuntural. Durante décadas, las altas cortes han acumulado un poder enorme sin mecanismos efectivos de control ciudadano, convirtiéndose en espacios altamente politizados, donde las decisiones —aunque revestidas de lenguaje técnico— suelen coincidir con los intereses de los mismos grupos que históricamente han dominado la economía y la política del país. El resultado es una percepción creciente de que la justicia constitucional protege más el statu quo que los derechos materiales de las mayorías.

En ese contexto, “plantear la necesidad de una Asamblea Constituyente no es un gesto radical ni una amenaza al Estado de Derecho. Es, por el contrario, una apelación a su esencia: la soberanía popular”. Cuando las instituciones pierden legitimidad, cuando el equilibrio de poderes se convierte en un bloqueo permanente y cuando las decisiones fundamentales se toman de espaldas a la ciudadanía, el constituyente primario tiene no solo el derecho, sino el deber de intervenir.

Una Constituyente no debería entenderse como un instrumento para concentrar poder en el Ejecutivo ni para debilitar la independencia judicial. Su objetivo debe ser exactamente el contrario: redefinir con claridad los límites, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas de los tres poderes, para que vuelvan a estar al servicio del pueblo y no de los partidos, los lobbies empresariales o los grandes capitales.

Reformar el accionar de las cortes no significa someterlas al vaivén político. Significa despolitizar realmente sus decisiones, revisar los mecanismos de elección de magistrados, establecer controles más transparentes y asegurar que el lenguaje técnico no sea una coartada para decisiones que tienen profundas consecuencias sociales y económicas. La independencia judicial no puede seguir siendo sinónimo de opacidad ni de desconexión con la realidad social.

Asimismo, una Constituyente permitiría abordar una de las mayores contradicciones del sistema colombiano: un Estado social de derecho con herramientas fiscales limitadas para cumplir sus fines, bloqueado recurrentemente cuando intenta redistribuir cargas o corregir desigualdades estructurales. Sin capacidad real de acción económica, la promesa constitucional se convierte en retórica vacía.

Los críticos de este planteamiento advertirán sobre los riesgos de la incertidumbre, del “salto al vacío” o del populismo constitucional. Pero el mayor riesgo hoy no es el cambio, sino la inercia. Persistir en un modelo institucional que reproduce privilegios, frustra mandatos democráticos y deslegitima la justicia es una receta segura para una crisis más profunda.

Colombia no necesita destruir su Constitución; necesita recuperar su espíritu. Y para hacerlo, quizá sea inevitable volver a preguntarse, como en 1991, para quién existe el Estado, a quién sirven realmente sus instituciones y quién tiene la última palabra cuando la democracia parece secuestrada por unos pocos.

Esa pregunta —incómoda pero necesaria— es la que hace hoy ineludible el debate sobre una Asamblea Constituyente. No como un capricho ideológico, sino como “un acto de responsabilidad histórica”.

Adenda: La justicia en entredicho

A este debate se suma un elemento aún más inquietante: el estado actual de las altas cortes y de los organismos que deberían garantizar la pureza del sistema judicial y electoral. Hoy, una parte significativa de la ciudadanía percibe —no sin razones— que la justicia colombiana atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Señalamientos persistentes sobre procesos de elección irregulares de magistrados, así como investigaciones abiertas que no avanzan o permanecen estancadas dentro de las mismas instituciones que deberían resolverlas, han erosionado profundamente la confianza pública.

La situación no se limita a una sola corporación. La Corte Suprema, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial —llamadas a ser faros de legalidad y transparencia— aparecen, ante la opinión pública, atrapadas en dinámicas de poder cruzado, cuotas políticas y presiones externas. En este escenario, la independencia judicial deja de ser una garantía y comienza a percibirse como una formalidad vacía.

Más grave aún es la idea, cada vez más extendida, de que decisiones clave no se deliberan plenamente en los estrados, sino que se definen por fuera de ellos y luego se ejecutan con rapidez por magistrados que actúan bajo lógicas ajenas al interés general. Sea cierta o no en todos los casos, esta percepción es devastadora: una justicia vista como politizada al máximo deja de ser árbitro y se convierte en actor, profundizando la crisis de legitimidad del Estado.