El silencio que pesa: la Corte Suprema y los procesos que Colombia no puede seguir postergando

Redacción Política y Justica – GMTV  Productora Internacional

En un país atravesado por la desconfianza institucional, pocas cosas resultan tan corrosivas como el silencio prolongado de la justicia en los casos que más importan. Hoy, ese silencio tiene nombre propio: los procesos judiciales que involucran al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe, estancados en un limbo que ya no puede explicarse únicamente por la complejidad jurídica o la carga procesal.

Desde hace años, juristas, analistas políticos y organizaciones civiles coinciden en una preocupación central: la demora sistemática de decisiones de fondo en casos de alto impacto político erosiona la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia y proyecta la imagen de una justicia selectiva, más diligente para unos que para otros.

Los procesos contra el expresidente Uribe —incluido el que lo llevó por primera vez en la historia reciente a una medida de aseguramiento— marcaron un punto de inflexión. Sin embargo, desde entonces, el avance ha sido errático, fragmentado y, para muchos expertos, injustificadamente lento. En paralelo, el caso de Santiago Uribe, relacionado con presuntos vínculos con estructuras paramilitares, ha transitado durante años entre decisiones inconclusas y reaperturas sin desenlace definitivo.

Para constitucionalistas consultados en distintos foros académicos, el problema no es solo procesal, sino estructural. La justicia pierde autoridad cuando los tiempos judiciales parecen alinearse con los calendarios políticos, especialmente cuando decisiones clave podrían influir en elecciones presidenciales, en la composición del Congreso o en la narrativa dominante del poder.

Analistas de política pública advierten que este silencio no ocurre en el vacío. Colombia entra nuevamente en un ciclo electoral, y la ausencia de fallos definitivos en procesos tan sensibles permite que las figuras involucradas sigan operando como referentes políticos, sin que el país tenga claridad jurídica sobre su situación. El resultado es una democracia que compite sin reglas claras y una ciudadanía obligada a votar en medio de la incertidumbre.

Lo que agrava el panorama es la percepción —extendida, aunque difícil de probar— de una justicia profundamente politizada. Magistrados y jueces han sido señalados en el pasado por conflictos de interés, decisiones contradictorias o cercanías con sectores de poder. Aunque estas críticas no invalidan automáticamente sus fallos, sí alimentan una narrativa peligrosa: la de una justicia que actúa con rapidez cuando se trata de funcionarios del gobierno actual, pero que avanza con extrema cautela —o parálisis— cuando los procesos tocan a figuras históricas del establecimiento.

Exministros de Justicia y exmagistrados retirados han advertido públicamente que la selectividad en la acción judicial es tan dañina como la impunidad misma. No se trata de perseguir, sino de decidir. No se trata de condenar anticipadamente, sino de cumplir con el deber fundamental de la justicia: resolver.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras medidas cautelares, investigaciones exprés y decisiones de alto impacto se activan con rapidez frente a reformas, decretos o funcionarios del Ejecutivo, los procesos que involucran a antiguos centros de poder permanecen en una espera indefinida. Esta asimetría alimenta la idea de que la ley no opera con el mismo rigor para todos.

Desde la ciencia política, el diagnóstico es aún más preocupante. Una justicia que calla en los casos estructurales termina interviniendo políticamente, aunque lo haga por omisión. El silencio no es neutral: beneficia a quien tiene más capital político, más capacidad de presión y mayor influencia en el sistema.

Colombia no necesita condenas simbólicas ni absoluciones estratégicas. Necesita decisiones de fondo, claras, motivadas y oportunas. El país de hoy no merece silencios judiciales prolongados ni el uso selectivo del derecho como herramienta de poder. Cada día sin un fallo definitivo no solo afecta a las partes involucradas; afecta la credibilidad del sistema entero.

La pregunta ya no es si la Corte Suprema puede decidir. Es cuándo decidirá. Y, sobre todo, si lo hará antes de que la justicia vuelva a llegar tarde, otra vez.