La Fiscalía imputa a José Fernando Cardona Uribe y a tres exdirectivosde la Nueva EPS por presunto desfalco de $70.500 millones a IPS.

Por: Redacción Judicial

Los delitos imputados incluyen falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. La Fiscalía sostiene que estas acciones habrían permitido a la Nueva EPS presentar estados financieros falsos, evitando una intervención estatal que finalmente ocurrió en 2024.

Según el ente acusador, entre 2019 y 2023 no se habrían procesado cerca de 14 millones de documentos contables, lo que permitió maquillar la situación financiera de la EPS y evitar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“El ocultamiento sistemático de estas facturas permitió presentar estados financieros falsos que mostraban utilidades inexistentes, ocultando pérdidas millonarias que hubieran obligado a una intervención estatal mucho antes de 2024”, afirmó la Fiscalía 44 durante la audiencia.

José Fernando Cardona, quien lideró la EPS durante 15 años, fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Por su parte, Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) enfrentan cargos por falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos públicos.

El fiscal encargado fue enfático al señalar que Cardona Uribe, como representante legal y ordenador del gasto, tenía la responsabilidad de informar a la junta directiva y a la asamblea sobre la verdadera situación económica de la entidad, pero en cambio habría utilizado su cargo para ocultarla y favorecer intereses particulares.

Pese a la gravedad de los hechos, la juez del caso negó la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, al considerar que no se evidenció riesgo de obstrucción a la justicia ni peligro para la comunidad. Aunque ninguno de los implicados aceptó los cargos, este caso pone en evidencia los desafíos de transparencia y control en el sistema de salud colombiano.