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Redacción Justicia y Gobierno
El Consejo de Estado ha admitido varias demandas que buscan anular el nombramiento de Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación para el período 2024-2028. Estas acciones judiciales han generado un intenso debate en el ámbito político y judicial del país.
Entre las principales denuncias presentadas por los demandantes se encuentran irregularidades en el proceso de selección y la conformación de la terna de candidatos, que estuvo integrada exclusivamente por mujeres. Según los demandantes, esto vulnera los principios de igualdad y equidad de género al excluir a hombres y personas no binarias del proceso. Además, se han señalado presiones externas, como manifestaciones que habrían intimidado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la elección.
El Consejo de Estado ha solicitado a la Corte Suprema y al presidente Gustavo Petro que remitan el expediente administrativo completo del caso, con el fin de garantizar la transparencia en el proceso. Aunque se han rechazado medidas cautelares para suspender a Camargo de sus funciones, el alto tribunal continuará evaluando las pruebas y argumentos presentados.
¿Qué sigue en el proceso?
De ahora en adelante, la Corte Suprema de Justicia deberá analizar a fondo las demandas y emitir un fallo definitivo. Este proceso incluirá la revisión de los actos administrativos relacionados con la elección de la fiscal general, así como la evaluación de las pruebas presentadas por ambas partes. La decisión final podría tener un impacto significativo en la estabilidad institucional del país y en la percepción pública sobre la independencia del sistema judicial.
El gobierno de Gustavo Petro ha argumentado que las demandas que buscan anular el nombramiento de la fiscal general Luz Adriana Camargo carecen de fundamento jurídico sólido. Según la Presidencia, el proceso de selección y elección de la fiscal general se llevó a cabo conforme a las normas establecidas, y las denuncias sobre presuntas irregularidades no tienen pruebas concluyentes. Además, el gobierno ha señalado que estas demandas podrían estar motivadas por intereses políticos que buscan desestabilizar la administración actual.
La Corte Suprema de Justicia ahora tiene la tarea de evaluar estos argumentos y decidir si las demandas tienen mérito suficiente para proceder. Este proceso será clave para determinar la legitimidad del nombramiento y la estabilidad institucional en el país.
