
Redacción Noticias regionales
La reciente decisión del Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla de revocar el fallo que ordenaba realizar una consulta previa a las comunidades afrodescendientes para la construcción del peaje en Arroyo de Piedra, Atlántico, ha generado una ola de descontento y manifestaciones en la región. La comunidad, que había solicitado la consulta como un derecho fundamental, considera que la medida ignora el impacto económico y social que este proyecto podría tener en sus vidas.
Desde el anuncio del proyecto, las comunidades locales han expresado su rechazo a través de protestas y bloqueos de vías. Argumentan que la instalación del peaje afectará gravemente a los habitantes de bajos recursos, quienes ya enfrentan dificultades económicas. Además, señalan que las vías del sector, antes de la construcción del peaje, se encontraban en condiciones precarias, con tramos deteriorados que dificultaban la movilidad. Aunque las obras de infraestructura han mejorado las carreteras, el costo del peaje representa una carga adicional para los residentes.
Voceros de las comunidades afrodescendientes han advertido que continuarán con las manifestaciones hasta que se garantice su participación en las decisiones que afectan su territorio. “No se trata solo de un peaje, se trata de nuestro derecho a ser escuchados y a proteger nuestra cultura y economía”, afirmó uno de los líderes comunitarios.
Por su parte, las autoridades han defendido la legalidad del proyecto, argumentando que cumple con los requisitos establecidos. Sin embargo, el debate sobre la consulta previa y el impacto del peaje sigue siendo un tema central en la agenda pública del Atlántico.