
Redacción Judicial
La Corte Suprema de Justicia ha condenado al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por irregularidades en contratos públicos durante su mandato. Según el fallo, Castillo direccionó contratos por más de 24.000 millones de pesos, violando principios de transparencia y legalidad. Los contratos, destinados a dotar de mobiliario escolar y material pedagógico, fueron adjudicados de manera irregular, limitando la libre competencia y favoreciendo a ciertos oferentes.
El exmandatario, quien permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá, enfrenta una pena que podría superar los 10 años de prisión. Además, investigaciones adicionales señalan posibles vínculos con grupos armados, como el ELN, durante su gestión, lo que agrava su situación legal.
Castillo Cisneros, miembro del partido político Cambio Radical al momento de ser elegido gobernador, también enfrenta acusaciones de haber pactado acuerdos financieros con el frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Según las investigaciones, estos acuerdos habrían incluido apoyo logístico y protección militar a cambio de beneficios económicos derivados de contratos estatales.
Estas acciones fueron consideradas por el fiscal del caso como hechos no aislados, pues son parte de un “proyecto delictivo que lleva años enquistándose en la sociedad araucana y que hoy en día lo podemos develar y, por eso, el requerimiento de generar una medida privativa de la libertad para asegurar los fines constitucionales y para que se pueda llegar a la verdad”.
Además, durante ese periodo de mandato se presume que recibió apoyo ilegal para ser elegido como gobernador a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento, en donde incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por el grupo guerrillero para que votaran a favor de Castillo Cisneros en las elecciones regionales.
Entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del ELN, por parte de sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad, en atención a los acuerdos que existían entre ambas partes”, declaró la Fiscalía.
Estos acuerdos consistían, según la entidad, en la entrega de dinero entre $ 1000 y $ 2000 millones al ser electo gobernador y la participación del 10 % del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.