
Redacción Orden Publico
Bogotá, Colombia – En respuesta al anuncio de “paro armado” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno de Colombia ha desplegado más de 3.600 soldados en el departamento del Chocó.
El operativo, que involucra unidades de la Séptima División del Ejército Nacional, la Fuerza Naval del Pacífico y el Comando Aéreo de Combate No. 5, tiene como objetivo “garantizar la movilidad de la población y proteger las comunidades afectadas por las restricciones impuestas por el grupo insurgente”.
El Ministro de Defensa declaró que “Colombia no se va a arrodillar ni a doblegar frente a la amenaza armada del ELN”, asegurando que la Fuerza Pública está lista para impedir cualquier afectación a la seguridad de la ciudadanía. Por su parte, el Almirante Francisco Cubides, comandante de la Armada Nacional, calificó el paro armado como un “constreñimiento que demuestra la debilidad de ese grupo”, minimizando su impacto en el orden público.
Según informes militares, la acción del ELN no responde a una causa social o política, sino que busca asegurar rutas del narcotráfico, afectando especialmente el tránsito en el río Baudó y sus afluentes.
Las autoridades han advertido que cualquier ataque contra la población civil será responsabilidad exclusiva del ELN, y han asegurado que seguirán reforzando la seguridad en la región para neutralizar posibles acciones violentas.
El paro armado se extenderá por tres días, en un contexto de tensión entre el Gobierno y la guerrilla, en medio de los intentos de negociación y los constantes enfrentamientos en zonas estratégicas del país.
La conmoción Interior y los últimos ataques de la guerrilla

La conmoción interior ha sido una herramienta clave en la respuesta del Gobierno a la crisis de orden público en Colombia, especialmente en regiones como El Catatumbo. Aunque recientemente se levantó el estado de excepción, el Gobierno ha decidido prorrogar por 90 días la vigencia de 11 decretos legislativos que fueron expedidos durante la conmoción.
Estos decretos buscan fortalecer la seguridad y la atención humanitaria, incluyendo medidas como:
– Control operacional de la Fuerza Pública en zonas afectadas.
– Protección de líderes sociales y víctimas de violencia.
– Restricción de insumos químicos utilizados en la producción de drogas.
– Apoyo financiero a productores agropecuarios afectados por el conflicto.
El Ministro de Defensa ha respaldado estas acciones, asegurando que la Fuerza Pública seguirá desplegada para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos.
Por su parte, la Corte Constitucional ha avalado parcialmente el decreto de conmoción interior, justificando su aplicación en la escalada de violencia y la crisis humanitaria en la región. Sin embargo, también declaró inconstitucionales algunos apartados que no estaban directamente relacionados con la seguridad pública. En este contexto, el despliegue de 3.600 soldados en Chocó para enfrentar el paro armado del ELN se enmarca dentro de estas medidas de seguridad reforzada.