
Redacción Mundo
Ciudad de Guatemala, 25 de mayo de 2025 — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, lanzó una contundente advertencia este fin de semana al señalar públicamente al Ministerio Público (Fiscalía) como uno de los “principales focos del asedio a la democracia” en el país. En declaraciones realizadas durante un evento público en la capital, el mandatario denunció una “sistemática persecución judicial” impulsada por sectores que, según él, buscan frenar las reformas institucionales y bloquear el proceso de transformación democrática impulsado por su gobierno.
“Lo que enfrentamos no es solo una crisis política, es una ofensiva estructurada contra la voluntad popular expresada en las urnas. La Fiscalía ha dejado de ser garante de la justicia para convertirse en instrumento de sabotaje político”, declaró Arévalo ante medios nacionales e internacionales.
Desde su elección en 2023, Arévalo —candidato del partido progresista Movimiento Semilla— ha enfrentado una serie de intentos por impedir su llegada al poder, incluyendo acciones judiciales contra miembros de su partido y procesos de impugnación electoral que fueron ampliamente cuestionados por observadores internacionales. Pese a los obstáculos, asumió la presidencia en enero de 2024, tras una amplia movilización ciudadana en defensa de los resultados electorales.
Organismos internacionales como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) han manifestado su preocupación por el uso de la justicia como herramienta política en Guatemala, especialmente por parte de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos por “obstrucción sistemática de la justicia y corrupción significativa”.
Arévalo reiteró su compromiso con la lucha anticorrupción y llamó a la comunidad internacional a mantener su atención sobre Guatemala. “La democracia no está garantizada. La estamos defendiendo todos los días contra estructuras que llevan décadas enquistadas en el Estado”, advirtió.
Por su parte, el Ministerio Público rechazó las acusaciones del presidente mediante un comunicado oficial, en el que aseguró que “actúa dentro del marco de la ley y la Constitución” y que continuará “cumpliendo con su mandato de investigar delitos de forma objetiva”.
El conflicto entre el Ejecutivo y la Fiscalía representa uno de los principales desafíos para la gobernabilidad en Guatemala, en un contexto de creciente polarización política y desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.