
Corte Constitucional ampara derechos de periodistas y prioriza el interés público sobre la reserva eclesiástica en caso de abuso a menores
Redacción Justicia
Bogotá, Colombia – En un fallo histórico, la Corte Constitucional de Colombia ha ordenado a la Iglesia católica desclasificar archivos relacionados con denuncias de abuso sexual infantil. La decisión responde a una serie de tutelas interpuestas por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes han liderado investigaciones sobre casos de pederastia en el país.
El tribunal determinó que el derecho de acceso a la información y la libertad de prensa prevalecen sobre el secreto eclesiástico, permitiendo que los comunicadores accedan a documentos que podrían revelar hasta 5.000 nombres de sacerdotes denunciados. La Iglesia había entregado solo el 13% de los datos solicitados, lo que motivó la acción judicial que culminó con este fallo.
La lucha de los periodistas por la verdad
Desde hace más de siete años, Juan Pablo Barrientos ha investigado los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia católica en Colombia, inspirado por el trabajo del Boston Globe expuesto en la película Spotlight. Su trabajo ha sido clave para revelar cientos de denuncias y presionar por mayor transparencia en las instituciones religiosas. Miguel Ángel Estupiñán, por su parte, ha acompañado este proceso, presentando 137 derechos de petición a distintas congregaciones en el país, de los cuales solo 15 fueron respondidos en su totalidad.
Ambos periodistas han enfrentado múltiples obstáculos, desde negativas sistemáticas de la Iglesia hasta procesos judiciales prolongados. Sin embargo, su persistencia ha sido fundamental para que la Corte Constitucional reafirme que el acceso a la información es un derecho fundamental y que el interés público debe prevalecer sobre la reserva eclesiástica.
Casos más controversiales de denuncias contra la Iglesia en Colombia
Colombia ha sido escenario de múltiples denuncias de abuso sexual dentro de la Iglesia católica. Entre los casos más relevantes se encuentra el de la Arquidiócesis de Medellín, que se negó a entregar información sobre 915 sacerdotes investigados, pese a fallos previos que exigían transparencia. Asimismo, la Fiscalía General de la Nación ha sido obligada a revelar datos sobre 86 procesos penales contra altos cargos religiosos por delitos sexuales.
El impacto de estas revelaciones ha sido significativo, generando un debate sobre la responsabilidad de la Iglesia en la protección de menores y la necesidad de mayor vigilancia por parte de las autoridades. Organizaciones de derechos humanos han celebrado la decisión de la Corte, considerándola un paso crucial en la lucha contra la impunidad.
Este fallo marca un precedente en la región y podría influir en futuras decisiones judiciales sobre el acceso a información en casos de abuso dentro de instituciones religiosas.