
Redacción Colombia
Piedecuesta, Colombia. — Las autoridades colombianas confirmaron la llegada del grupo criminal “La Cordillera” al municipio de Piedecuesta, Santander, desatando una nueva ola de violencia que incluye homicidios y extorsiones. Este movimiento marca una preocupante expansión de una de las estructuras más peligrosas que operan en la región nororiental del país, con redes que se extienden desde las cárceles hasta las zonas urbanas y rurales.
¿Quiénes son “La Cordillera”?
“La Cordillera” es una organización criminal con base histórica en el departamento de Risaralda, al centro-occidente del país, pero con tentáculos que se han ido extendiendo hacia el norte y el oriente. Su origen se remonta a exintegrantes de estructuras paramilitares desmovilizadas, que reorganizaron sus operaciones en forma de red para controlar el microtráfico, las extorsiones, el lavado de dinero y el sicariato en diferentes regiones de Colombia.
Aunque no operan como un cartel tradicional con jerarquías verticales, la organización se articula a través de alianzas con bandas locales y mantiene su capacidad de fuego y de control territorial gracias a una combinación de corrupción institucional, cooptación de bandas menores y operaciones desde las cárceles.
Cabecillas tras las rejas, pero aún operativos
El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el grupo estaría detrás de recientes crímenes registrados en Piedecuesta, incluido el asesinato de Emiro Díaz Rincón, un reconocido comerciante del sector de bicicletas, quien había sido víctima de extorsiones antes de su muerte.
Según el oficial, la estructura “Los del Sur”, aliada o subordinada a “La Cordillera”, delinque bajo órdenes directas de dos cabecillas identificados como “Poporro” y “Carnal”, ambos actualmente encarcelados —el primero en una cárcel no especificada, y el segundo en la prisión de alta seguridad de La Dorada. A pesar de estar tras las rejas, estos líderes mantienen control sobre sus operaciones externas, lo que refleja la debilidad del sistema penitenciario frente al crimen organizado.
Una disputa por rentas criminales
El asesinato de Díaz Rincón es interpretado por las autoridades como parte de una disputa por las llamadas rentas criminales, como el cobro de extorsiones a comerciantes, transportistas y negocios informales, que habrían sido controladas anteriormente por otros grupos locales. El ingreso de “La Cordillera” a este territorio indica un intento de reorganización violenta del mapa criminal, con Piedecuesta como nuevo foco estratégico.
Otras capturas recientes y el ecosistema criminal
La Policía también reportó la captura de cuatro miembros de la banda “Los Jinetes”, acusada de cometer secuestros exprés y extorsiones en zonas periféricas del área metropolitana de Bucaramanga. Asimismo, fue desmantelada la estructura conocida como “La Quinta Estrella” y fue arrestado un individuo apodado “Lágrimas”, dedicado también a actividades extorsivas.
En lo que va del año, las fuerzas de seguridad han capturado 9 personas por secuestro y 35 por extorsión, en un esfuerzo por frenar la expansión de estas redes.
Los delincuentes, según explicó el general Bello, citaban a sus víctimas en “zonas grises”, lugares sin señal celular o con escasa presencia de fuerzas del orden, donde eran intimidadas, golpeadas o amenazadas de muerte.
Una amenaza que trasciende fronteras locales
El resurgimiento y expansión de “La Cordillera” pone de manifiesto un fenómeno recurrente en Colombia: la transformación de estructuras narco-paramilitares en redes criminales diversificadas, que mezclan violencia urbana, microtráfico, lavado de activos, y extorsión como formas paralelas de control social y económico.
Su presencia en Santander puede anticipar un nuevo ciclo de violencia, con impactos en el comercio local, desplazamientos forzados y una mayor presión sobre el sistema judicial y carcelario.
La Policía hace un llamado a la ciudadanía para denunciar de forma segura a través de la línea 165 del grupo GAULA, especializado en la lucha contra el secuestro y la extorsión.