Álvaro Leyva bajo investigación: Fiscalía indaga presunto plan para destituir a Gustavo Petro
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Redacción Judicial y Política
Bogotá, Colombia — La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por su presunta participación en una conspiración para derrocar al presidente Gustavo Petro. La investigación se centra en la posible articulación de un plan político y armado para precipitar una crisis institucional que obligara a la salida anticipada del mandatario.
El caso, asumido por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se originó en denuncias presentadas por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y por el abogado Alejandro Carranza, representante legal del jefe de Estado. Ambos aportaron audios y documentos que, según sus afirmaciones, evidencian intentos de Leyva de establecer alianzas con grupos armados ilegales y sectores empresariales para crear un “gran acuerdo nacional” que interrumpiera el mandato presidencial.
Los audios clave
Entre las pruebas entregadas figura una grabación en la que Leyva, según la denuncia, declara:
“Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (…) el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar ELN, los del Clan del Golfo (…) Yo he hablado con los gremios más importantes”.
En otro apartado, el propio presidente Petro sostiene en su denuncia que las acciones del excanciller constituyen “parte de una conspiración blanda”, donde el discurso político se habría usado como herramienta para “romper el hilo constitucional” y generar la crisis política actual.
De la Cancillería a la Fiscalía
Álvaro Leyva, figura política de larga trayectoria y recordado por su papel en negociaciones de paz, dejó la Cancillería en medio de controversias por la licitación de pasaportes. Ahora, enfrenta un frente judicial mucho más delicado: el señalamiento de haber buscado respaldo armado y económico para desestabilizar al Gobierno.
Carranza, el abogado del presidente, entregó la denuncia el pasado 2 de julio con las grabaciones y un análisis jurídico que advierte que tales maniobras podrían constituir delitos como el menoscabo a la integridad personal del jefe de Estado, sedición o conspiración contra el orden constitucional.
Posibles consecuencias judiciales
En caso de que la Fiscalía demuestre que Leyva participó activamente en un complot para destituir al presidente, el excanciller podría enfrentar imputaciones penales de alto calibre. Entre ellas, la participación en actividades de coordinación con grupos armados ilegales, un delito que, de ser probado, podría acarrear penas significativas y la inhabilidad permanente para ejercer cargos públicos.
Más allá del ámbito judicial, el caso plantea un escenario político explosivo. Un fallo condenatorio no solo golpearía la reputación de uno de los hombres más influyentes en la política exterior reciente de Colombia, sino que sentaría un precedente sobre el alcance y los límites de la oposición política frente a un gobierno democráticamente elegido.
Un proceso en la mira nacional
El caso Leyva promete convertirse en uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años, con implicaciones que podrían redibujar las relaciones entre poder político, fuerzas económicas y actores armados en el país. Mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios, la opinión pública se debate entre la incredulidad y la expectativa de que este proceso revele hasta dónde pueden llegar las tensiones políticas en Colombia.
