
Redacción Orden Publico
CALI, Colombia — Un atentado con explosivos sacudió este jueves el occidente colombiano, dejando un sinnúmero de personas muertas y decenas de heridos en las inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. La magnitud del ataque y el lugar escogido, un sector neurálgico de la tercera ciudad más poblada de Colombia, reavivaron las preocupaciones sobre el alcance de las disidencias de las FARC y su capacidad de desafiar al Estado en medio de las negociaciones de paz inconclusas.
La explosión ocurrió hacia las 2:50 de la tarde, cuando un camión cargado con cilindros bomba detonó a pocos metros de la entrada principal de la instalación militar. El estruendo se sintió en varios barrios de la capital del Valle del Cauca y provocó escenas de pánico en centros comerciales y colegios cercanos. Testigos relataron que varios automóviles y viviendas resultaron destruidos por la onda expansiva, y que los hospitales colapsaron por la llegada de heridos.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó el balance preliminar de víctimas y ordenó la militarización de la ciudad. “No vamos a ceder frente al terrorismo. La Fuerza Pública permanecerá desplegada en toda la ciudad hasta restablecer el orden”, afirmó en rueda de prensa. Éder anunció también una recompensa de 400 millones de pesos (unos 85.400 euros) para quienes entreguen información que permita dar con los responsables.
Petro apunta a las disidencias
El presidente Gustavo Petro viajó de inmediato a Cali junto con parte de su gabinete y participó en un Consejo de Seguridad extraordinario. Horas después confirmó la captura de un presunto integrante del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las extintas FARC, que según la investigación inicial habría participado directamente en la acción.
“Este es uno de los presuntos responsables del atentado con camión bomba. Es alias “Sebastián”, miembro de las estructuras del EMC dirigidas por alias “Marlon”, subordinado a la llamada Junta del Narcotráfico”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X, donde difundió fotografías del capturado. Según fuentes de inteligencia, alias “Sebastián” habría sido retenido por la comunidad tras intentar huir de la escena del crimen.
El propio Petro calificó el hecho como una “reacción terrorista” frente a los recientes golpes militares contra la columna “Carlos Patiño”, una de las estructuras más activas del EMC en el suroccidente del país. “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por “Iván Mordisco” y que han terminado subordinadas al control de la junta del narcotráfico”, sostuvo.
El presidente reiteró que su gobierno perseguirá a estas disidencias como “organizaciones terroristas”, un matiz importante en medio de la discusión nacional sobre la continuidad o no de los diálogos de paz con estos grupos.
La línea de mando bajo la lupa
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recordó que sobre alias “Marlon”, supuesto jefe directo de la operación en Cali, pesa una recompensa de 3.300 millones de pesos (aproximadamente 650.000 euros). Otro de sus lugartenientes, alias “Kevin”, también señalado de participar en el ataque, tiene orden de captura y una recompensa de 1.650 millones de pesos (unos 350.000 euros).
Según analistas consultados, la alusión a la “Junta del Narcotráfico” por parte del presidente Petro refleja un fenómeno que preocupa desde hace años: la fusión entre estructuras disidentes de la guerrilla y redes del narcotráfico, que operan tanto en Colombia como en la frontera con Ecuador y Venezuela.
La Fiscalía confirma capturas
La Fiscalía General de la Nación informó que dos hombres fueron puestos a disposición de la justicia por su presunta participación en el atentado. “En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista”, señaló el ente acusador.
El organismo indicó que los indicios apuntan a la estructura Jaime Martínez, una facción del EMC con fuerte presencia en el Valle del Cauca y el Cauca, históricamente vinculada al control de corredores de narcotráfico.
Una ciudad golpeada y en alerta
El ataque no solo golpea la moral de la Fuerza Pública, sino que revive recuerdos de épocas que Cali parecía haber dejado atrás. La ciudad fue escenario de atentados similares durante los años noventa, cuando las FARC y carteles del narcotráfico disputaban el control del suroccidente colombiano. La decisión de militarizar sus calles responde al temor de nuevos ataques coordinados.
Vecinos de los barrios aledaños relataron escenas de horror: vidrios rotos, gritos, columnas de humo. En clínicas como la Fundación Valle del Lili y el Hospital Universitario del Valle se vivieron momentos de caos, con decenas de heridos llegando al mismo tiempo. Entre las víctimas confirmadas se encuentra un niño de nueve años, según medios locales.
El desafío de la seguridad
El atentado de Cali se produjo pocas horas después de que en Antioquia un helicóptero de la Policía fuera derribado, con un saldo de 12 uniformados muertos. En total, los dos ataques sumaron más de 6 fallecidos en menos de tres horas, un golpe que exhibe la capacidad de fuego de las disidencias en distintos frentes.
Expertos en seguridad señalan que la coincidencia temporal de los ataques apunta a un mensaje coordinado de las disidencias del EMC, quizás en respuesta a la presión militar que enfrentan en varias regiones. “Es un recordatorio de que el Estado no ha logrado consolidar su presencia en territorios estratégicos del narcotráfico”, advirtió un investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Una encrucijada para el gobierno
La magnitud de la tragedia coloca al gobierno Petro en una encrucijada: mantener abiertos los canales de diálogo con las disidencias o romper definitivamente la negociación. Aunque la Presidencia insiste en que busca la “paz total”, los hechos de Cali y Antioquia tensan la viabilidad de ese proyecto.
Por ahora, las autoridades intentan controlar el impacto inmediato. En Cali, la orden de militarización y la oferta de recompensas son medidas urgentes para restablecer la seguridad. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿cómo enfrentar a grupos que combinan la lógica política de la vieja guerrilla con el poder económico del narcotráfico?