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Redacción Gobierno y Justicia
La Corte Constitucional de Colombia ha dado un aval parcial al decreto de conmoción interior decretado por el Gobierno Nacional para atender la crisis humanitaria en la región del Catatumbo. Aunque la decisión fue vista como un respaldo por parte del Ejecutivo, el alto tribunal dejó claro que algunos aspectos del decreto deberán ser ajustados para alinearse completamente con la Constitución.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la decisión, destacando que permitirá una inversión de más de 2,7 billones de pesos en la región para fortalecer la fuerza pública, construir infraestructura y garantizar el retorno de miles de desplazados. “Es un espaldarazo a la Fuerza Pública y una oportunidad para restablecer el orden y la soberanía en el Catatumbo”, afirmó Benedetti.
Sin embargo, la oposición ha expresado su preocupación por el uso del estado de conmoción interior para abordar problemáticas estructurales. “El Gobierno no puede utilizar esta figura excepcional para resolver asuntos que requieren soluciones legislativas y de largo plazo”, señaló un vocero de la oposición.
La Corte, por su parte, subrayó que las medidas excepcionales deben limitarse a enfrentar la crisis humanitaria y los enfrentamientos armados en la región. Entre los ajustes que podrían realizarse, se encuentra la exclusión de disposiciones relacionadas con problemáticas históricas como la presencia de cultivos ilícitos y deficiencias en la política social, que deberán ser abordadas a través de programas gubernamentales ordinarios.
El Gobierno ahora enfrenta el reto de ajustar los decretos prorrogados para garantizar su constitucionalidad, mientras busca mantener el apoyo de la Corte y del Congreso en su estrategia para atender la crisis en el Catatumbo.
