
Denuncian infiltración del representante a la cámara Eduard Triana del partido centro democrático
Redacción Política y Economía
Colombia enfrenta una nueva crisis en su sector agroindustrial. Más de 500.000 litros de leche cruda se encuentran represados en zonas rurales del departamento de Boyacá, como consecuencia de los bloqueos viales derivados del paro minero y campesino que comenzó este lunes. La situación amenaza con provocar pérdidas millonarias para miles de pequeños productores y pone en riesgo el abastecimiento nacional de lácteos.
La Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) advirtió que la protesta, que afecta corredores claves como Ventaquemada y Paipa, ha interrumpido el funcionamiento normal de la cadena láctea, que en esta región procesa cerca de 700.000 litros diarios. Ana María Gómez Montes, presidenta del gremio, explicó que muchos tanques de acopio ya están al tope, y si los bloqueos persisten, la leche del ordeño diario deberá ser desechada.
“Evitar que la leche se pierda en las vías es proteger el trabajo de los productores campesinos y asegurar el abastecimiento de un alimento vital para millones de colombianos”, señaló Gómez Montes en un comunicado oficial.
¿Crisis sectorial o protesta politizada?
Aunque el paro ha sido promovido por organizaciones de mineros y campesinos que exigen soluciones concretas del gobierno nacional, la protesta ha adquirido un tinte político inesperado. En medio de las movilizaciones aparecieron pancartas y consignas a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recientemente vinculado judicialmente en un proceso por soborno y fraude procesal.
El hecho ha generado controversia en redes sociales y entre actores del Congreso, especialmente luego de que se señalara que el representante a la Cámara Eduard Triana, del partido Centro Democrático, estaría respaldando las manifestaciones. Según denuncias de líderes locales, su presencia en los bloqueos y su cercanía con organizadores clave indicarían que el paro tendría motivaciones políticas encubiertas.
Desde su cuenta oficial, Triana no ha negado su respaldo a los manifestantes, pero ha insistido en que se trata de una “protesta legítima” contra las políticas del gobierno Petro en el sector minero y rural. Por su parte, líderes del paro niegan vínculos con la minería ilegal y aseguran que mantendrán los bloqueos de forma indefinida hasta que el Ejecutivo acceda a negociar su pliego de diez peticiones, que incluye la legalización del trabajo en zonas de explotación minera hoy restringidas.
Impacto económico en la cadena alimentaria
Mientras tanto, los efectos del bloqueo ya se hacen sentir en otras regiones. Procesadoras de alimentos han alertado sobre un posible desabastecimiento de productos lácteos, y pequeños ganaderos temen que se rompa la cadena de frío, lo que significaría la pérdida total de su producción diaria.
En zonas como Sogamoso, Duitama y Nobsa, los ganaderos denuncian que el paro los toma como rehenes económicos, al impedir que la leche pueda salir hacia centros de procesamiento. “Cada litro perdido es una comida menos para nuestra familia”, afirmó un productor de Ventaquemada, quien pidió anonimato por temor a represalias.
El Gobierno nacional aún no ha ofrecido un pronunciamiento oficial sobre la participación de actores políticos en las protestas, ni ha confirmado si iniciará una mesa de negociación directa con los manifestantes.
Lo que sí está claro es que este paro, en apariencia sectorial, se ha convertido en otro campo de tensión entre el Ejecutivo y sectores de oposición, justo en un momento de creciente polarización política en el país.