
Redacción MUNDO
San Salvador – En una jugada que consolida el poder del presidente Nayib Bukele y redefine las reglas del juego democrático en El Salvador, el Congreso, dominado ampliamente por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
Con 57 votos a favor —todos provenientes del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados— y solo tres en contra, la Asamblea Legislativa modificó pilares fundamentales de la Constitución salvadoreña de 1983 en un trámite expedito y sin mayor debate público.
La reforma no solo habilita la reelección ilimitada, sino que reduce el umbral democrático al permitir que la presidencia se gane sin necesidad de obtener el 50 % más uno de los votos. A esto se suma la sincronización de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, un cambio que debilita el sistema de pesos y contrapesos en el país.
“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, celebró Ernesto Castro, presidente del Congreso y figura clave del oficialismo.
“Le damos al pueblo todo el poder”, defendió la diputada oficialista Ana Figueroa, justificando la medida como un acto de democratización, estabilidad y eficiencia.
La democracia salvadoreña en la cuerda floja
Detrás de los discursos de “eficiencia” y “estabilidad”, analistas y opositores ven una estrategia de Bukele para consolidar un modelo de poder autoritario bajo el ropaje del respaldo popular. Con esta reforma, Bukele ya no solo gobernará con control sobre el Legislativo, el Judicial y las fuerzas de seguridad, sino que podrá hacerlo indefinidamente y con reglas hechas a su medida.
La modificación también anticipa el fin de su mandato actual: Bukele, reelecto en 2024 tras una polémica reinterpretación constitucional previa, dejará el cargo el 1 de junio de 2027, fecha desde la cual podría postularse de nuevo en el nuevo marco legal.
¿Rumbo al modelo Ortega o Chávez?
Lo ocurrido en El Salvador despierta alarmas en la región y evoca los procesos de concentración de poder que vivieron Nicaragua y Venezuela. Al igual que Daniel Ortega y Hugo Chávez en su momento, Bukele ha erosionado progresivamente los límites institucionales, bajo una narrativa de lucha contra la corrupción y el crimen.
Bukele, quien goza de una alta aprobación ciudadana, ha sido hábil en utilizar su popularidad como escudo frente a las críticas internacionales. No obstante, su estilo de gobierno ha provocado denuncias por autoritarismo, militarización de la política, cooptación del sistema judicial y restricción a la prensa libre.
Organismos como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre “un deterioro sistemático del estado de derecho” en El Salvador, mientras Washington mantiene una relación ambivalente con el gobierno de Bukele: crítica desde los discursos, pero aún colaborativa en el terreno de la seguridad y la migración.
Una tendencia inquietante en Centroamérica
La reforma en El Salvador no es un hecho aislado. Representa una tendencia peligrosa en el istmo centroamericano, donde se multiplican las señales de autoritarismo: en Nicaragua, Daniel Ortega ha encarcelado o exiliado a toda oposición viable; en Guatemala, el sistema judicial fue instrumentalizado para bloquear candidaturas incómodas; en Honduras, la crisis institucional continúa latente.
Con esta reforma, Bukele consolida una nueva era política en El Salvador, caracterizada por una democracia cada vez más funcional al poder personal. Para muchos observadores, lo que se vive no es una simple transición constitucional, sino el nacimiento formal de una nueva dictadura del siglo XXI: moderna, digital y legitimada por las urnas, pero desprovista de contrapesos reales.