#CartelDeLaToga. ¿Justicia o injusticia? Las altas cortes en Colombia bajo sospecha
GMTV Productora Internacional 
Por: Unidad de Investigación
En Colombia, cada decisión de las altas cortes y de los tribunales regionales parece alimentar una narrativa que se repite: la justicia está más cerca de los poderosos que de los ciudadanos. Los recientes fallos judiciales han despertado un debate intenso sobre el papel de los jueces en la democracia y la percepción de que, en lugar de proteger a la sociedad, las cortes blindan a quienes están bajo sospecha de corrupción, narcotráfico o abuso de poder.
El Tribunal Superior de Bogotá y el caso Uribe
El caso más reciente lo protagonizó el Tribunal Superior de Bogotá. A pesar de que el expresidente Álvaro Uribe fue condenado en primera y segunda instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal, una tutela permitió suspender la medida de detención domiciliaria hasta agotar recursos extraordinarios.
Expertos como la exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Diana Guarnizo, señalan que este tipo de decisiones “rompen la regla de oro de la doble conformidad” y crean un precedente inédito: **un condenado en segunda instancia que no cumple la pena**. Para muchos analistas, el fallo envió un mensaje de excepcionalidad jurídica en beneficio de una figura política con gran peso en el tablero electoral de 2026.
La Corte Suprema y los narcopolíticos
A esto se suma la crítica contra la Corte Suprema de Justicia por la lentitud en los procesos contra congresistas y exfuncionarios vinculados con narcotráfico, paramilitarismo y corrupción electoral. Casos como el de políticos costeños relacionados con el Clan del Golfo o investigaciones sobre redes de parapolítica llevan más de una década sin sentencia firme.
“La justicia lenta es una justicia denegada”, recuerda el penalista Rodrigo Uprimny, quien advierte que la mora judicial perpetúa la impunidad y erosiona la confianza ciudadana.
Consejo de Estado: arbitraje a la medida
El Consejo de Estado, máxima autoridad de lo contencioso administrativo, también está en la mira. En los últimos años, sus decisiones han beneficiado a grandes contratistas del Estado y a empresas señaladas de prácticas corruptas. Para organizaciones como Transparencia por Colombia, el Consejo ha convertido sus salas en un “espacio de arbitraje corporativo” donde el ciudadano queda relegado frente a los intereses de élites económicas y políticas.
El CNE y la sombra sobre las elecciones de 2026
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha tensado aún más la relación entre la justicia y la política. Pese a que la Corte Constitucional ha establecido límites claros, el CNE mantiene abierto un proceso disciplinario contra el presidente Gustavo Petro, lo que varios constitucionalistas consideran “un procedimiento abiertamente ilegal”.
Al mismo tiempo, el organismo ha retrasado decisiones cruciales sobre la personería y el financiamiento de partidos de oposición, lo que, según académicos de la Universidad Nacional, “distorsiona la cancha electoral de cara a 2026”.
La mirada internacional: CIDH y Estados Unidos
La **Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)** ha advertido en informes recientes sobre la necesidad de garantizar independencia judicial en Colombia y evitar que las altas cortes se conviertan en actores de disputa política.
En paralelo, sectores de la sociedad colombiana sospechan de un papel indirecto de Estados Unidos. Para el analista internacional Víctor de Currea-Lugo, “Washington mantiene un interés estratégico en un sistema judicial que contenga a gobiernos incómodos como el de Petro, al tiempo que asegure estabilidad para las élites económicas”.
¿La justicia como enemigo de la democracia?
La suma de estos episodios alimenta la percepción de que los llamados “carteles de la toga” no son una metáfora, sino una realidad que mina el Estado de derecho. En un país donde miles de ciudadanos esperan años para que una tutela les garantice salud o educación, las decisiones judiciales que favorecen a expresidentes, narcotraficantes y grandes empresarios parecen confirmar que la justicia opera con dos velocidades.
La pregunta de fondo es inquietante: ¿puede sobrevivir la democracia en un país donde la justicia actúa como un muro para proteger a los poderosos y no como un escudo para los ciudadanos?
La respuesta aún está por darse. Pero, como advierte un informe de la CIDH, si la justicia sigue erosionando la confianza ciudadana, “el riesgo no es solo la impunidad, sino el colapso mismo del pacto democrático”.
