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Redacción Justicia y Deportes
En el marco de la investigación por la presunta desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, Cundinamarca, en 2002, ha surgido una nueva versión que apunta a un posible acto de venganza por parte del exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera. Según recientes testimonios, el hecho podría estar relacionado con el secuestro que sufrió Herrera dos años antes a manos de las Farc.
El exciclista, reconocido como una de las mayores figuras del ciclismo colombiano, fue secuestrado en 2000 por el frente 22 de las Farc mientras se encontraba en su finca en Fusagasugá. Herrera fue liberado días después, pero el episodio dejó una profunda marca en su vida. A pesar de ello, continuó siendo un referente del deporte nacional y un ídolo para los fusagasugueños, quienes lo han admirado por su talento y perseverancia en el ciclismo.
Herrera es recordado por su histórica victoria en la Vuelta a España de 1987, convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar la prestigiosa competencia. Además, fue campeón de la Vuelta a Colombia y el Tour de Francia en la categoría de montaña, consolidando su legado como uno de los mejores ciclistas de la región.
Sin embargo, su nombre ha sido vinculado recientemente a un caso de desaparición forzada. Según testimonios de exparamilitares, Herrera habría recurrido a un grupo armado para tomar represalias contra personas que consideraba erróneamente vinculadas a la guerrilla. Se le acusa de haber entregado fotografías de las víctimas y financiado la operación con una suma de dinero.
Las víctimas, identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega, eran vecinos y trabajadores agrícolas de la zona. Testimonios de exparamilitares han reforzado la versión de que Herrera habría participado en la planificación de los hechos, aunque el exciclista ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando que nunca ha pretendido causar daño a nadie.
El caso sigue en proceso de revisión por parte de las autoridades, quienes analizan documentos y testimonios para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en un episodio que pone en el centro del debate la participación de civiles en el conflicto armado colombiano.
