#CaucaReclamaLibertad: Secuestro de nueve funcionarios en Cauca tensiona el proceso de paz y la presencia estatal en territorios en disputa
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Redacción ORDEN PUBLICO
López de Micay, Cauca — 17 de julio Nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca fueron secuestrados por las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc mientras cumplían una misión humanitaria en el municipio de López de Micay. El hecho, confirmado por la Fuerza Pública y la administración departamental, pone en jaque los esfuerzos de paz territorial y la legitimidad del Estado en zonas de alta conflictividad.
Los secuestrados —siete mujeres y dos hombres— hacían parte de un equipo de contratistas que trabajaba en articulación con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para promover el diálogo territorial, fortalecer la participación ciudadana y facilitar el acceso a programas sociales.
¿Quiénes son los funcionarios retenidos?
– Sergio Andrés López Gómez
– Angélica María Barona
– Eivar Alonso Guerrero Anaya
– Paola Andrea Maca Chávez
– Mónica Alexandra Bambague
– Leydi Rocío Guengue
– Manuela Caicedo Arango
– Elizabeth Yangana
– María Elizabeth López
Declaraciones oficiales: llamado urgente a la liberación
La Gobernación del Cauca emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones de las disidencias, quienes alegan que los funcionarios cumplían “tareas militares”. La administración departamental sostiene que se trataba de una misión estrictamente civil y social, enmarcada en el ejercicio legítimo del servicio público.
“Este equipo de trabajo tenía como propósito promover el diálogo territorial, lejos de cualquier interés o acción militar”, señala el comunicado.
Además, se hizo un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), a la protección del personal civil y a la intervención inmediata de organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la comunidad internacional.
¿Qué implica este secuestro para los diálogos de paz y la presencia estatal?
Este hecho ocurre en un momento crítico para el proceso de paz con las disidencias del Estado Mayor Central, que han mantenido conversaciones intermitentes con el Gobierno Nacional. La retención de funcionarios civiles en una misión humanitaria podría tener consecuencias graves:
Posibles implicaciones:
– Riesgo de ruptura en los diálogos de paz: El secuestro contradice los compromisos mínimos exigidos por el Gobierno para avanzar en negociaciones.
– Debilitamiento de la institucionalidad en territorios: La agresión a funcionarios civiles mina la confianza en el Estado como garante de derechos.
– Replanteamiento de las medidas de intervención: Podría acelerar la militarización de zonas como López de Micay, afectando procesos comunitarios.
– Presión internacional: Organismos de derechos humanos podrían exigir sanciones o condicionar el respaldo al proceso de paz.
Contexto territorial: López de Micay, una zona estratégica y olvidada
El municipio de López de Micay, ubicado en la costa pacífica del Cauca, ha sido históricamente una zona de difícil acceso estatal, con presencia de grupos armados, economías ilegales y baja inversión pública. La misión de los funcionarios buscaba precisamente abrir canales de diálogo y participación ciudadana en un territorio donde la institucionalidad ha sido frágil.
Llamado a la acción
La Gobernación del Cauca, junto con organismos defensores de derechos humanos, reiteró el llamado a la liberación inmediata de los nueve funcionarios y a la protección de su vida e integridad. También instó al Gobierno Nacional y a la sociedad colombiana a respaldar esta solicitud humanitaria y a defender la institucionalidad como canal legítimo para la construcción de paz.
