Clanes, contratos y narcopolítica: así se gobierna en las regiones de Colombia. Antioquia y los clanes de la mafia y la narcopolítica que gobierna.
GMTV Productora Internacional 
(Segunda entrega de la serie especial sobre poder político y crimen organizado)
Por Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
Antioquia es el espejo más pulido de la fusión entre política, mafia y economía ilegal en Colombia. Si en los Llanos Orientales —como reveló la primera entrega de esta investigación— el poder se reparte entre terratenientes, viejos paramilitares y contratistas con padrinos políticos en Bogotá, en el departamento paisa la ecuación es más sofisticada: los clanes familiares, los contratos públicos y las herencias del narcotráfico conforman un sistema de poder que se renueva en cada elección.
Desde las calles de Bello hasta las montañas del Bajo Cauca, los vínculos entre la política local y las estructuras criminales ya no son una sospecha: son una forma estable de gobierno.
El mapa del poder invisible
El poder en Antioquia no se ejerce solo desde la Gobernación o el Concejo de Medellín. En cada municipio opera una red paralela: contratistas con vínculos familiares con políticos regionales, fundaciones creadas para canalizar recursos públicos, y operadores financieros que sirven como bisagra entre las alcaldías y las bandas que controlan el territorio.
Una fuente de la Fiscalía General consultada por este medio resume el fenómeno:
“Las estructuras criminales de Antioquia no necesitan postular candidatos: los financian, los acompañan y luego los administran”.
Esa red, según investigaciones de la UIAF y la Procuraduría, tiene tres brazos principales:
– Clanes políticos tradicionales, como los Suárez Mira, Pérez y Rendón, que mantienen el control electoral.
– Bandas criminales heredadas del paramilitarismo, como los Chatas, los Pachelly y la Oficina de Envigado.
– Empresas fachada y cooperativas comunitarias, que lavan dinero mediante contratación pública y programas sociales.
Los contratos del poder
Entre 2019 y 2024, el SECOP registró más de 650 mil millones de pesos en contratos adjudicados en municipios del norte del Valle de Aburrá a empresas vinculadas directa o indirectamente a familiares de políticos locales. En varios casos, las firmas ganaron licitaciones únicas, sin competencia, para obras de pavimentación, mantenimiento vial y alimentación escolar.
En el municipio de Bello, por ejemplo, una sola empresa contratista —constituida en 2017 por un primo de un exalcalde— ha recibido contratos por más de 90 mil millones de pesos. En Copacabana, dos cooperativas de trabajo asociado creadas por personas cercanas a concejales locales administran el servicio de aseo y mantenimiento de parques.
Los investigadores judiciales señalan que una porción de esos contratos sirve para financiar campañas electorales o blanquear capitales provenientes de microtráfico, extorsión y cobro de vacunas.
“El dinero sucio no se esconde en caletas, se lava en contratos de mantenimiento y en fundaciones de ayuda social”, explica un analista de la Policía Judicial.
Los clanes familiares que no sueltan el poder.
El apellido Suárez Mira simboliza mejor que ningún otro la continuidad de ese modelo. Desde la alcaldía de Bello hasta el Congreso, este clan ha estado implicado en múltiples procesos judiciales por corrupción electoral y enriquecimiento ilícito.
Pese a los escándalos y condenas, el grupo político conserva su estructura gracias a una red de aliados locales y contratos públicos distribuidos entre empresas familiares y terceros. “En Antioquia, los clanes no mueren: mutan”, señala el politólogo Camilo Herrera, profesor de la Universidad de Antioquia.
A su alrededor orbitan otros nombres: los Pérez, con poder en Copacabana y Girardota; los Rendón, con presencia en el oriente antioqueño; y los Pérez Castaño, que dominan parte del suroeste. Todos con vínculos, directos o indirectos, con la maquinaria uribista que gobierna el departamento desde hace dos décadas.
El uribismo, los empresarios y el nuevo rostro del control
El poder político en Antioquia no se entiende sin el uribismo, una corriente que en veinte años logró capturar no solo el voto conservador sino las estructuras empresariales y burocráticas del departamento.
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez es considerado el heredero más visible de esa corriente. Sin embargo, varios de sus financiadores de campaña han sido cuestionados por contratos con sobrecostos o vínculos con empresas señaladas por lavado de activos.
Durante la administración de Daniel Quintero, enfrentado al uribismo, la batalla se trasladó al campo de las denuncias: exfuncionarios de Quintero fueron acusados de contratar a personas cercanas a la Oficina de Envigado, mientras el bloque opositor era señalado de tener apoyo económico de contratistas con nexos oscuros.
“Antioquia es hoy un tablero de ajedrez donde todos los jugadores están manchados”, dice una fuente de la Contraloría que pidió reserva.
Bajo Cauca: el laboratorio del pacto criminal
Si en Medellín el poder se mide en votos y contratos, en el Bajo Cauca antioqueño se mide en control territorial. Municipios como Tarazá, Caucasia y Cáceres son dominados por estructuras criminales que administran rentas del oro, la extorsión y el narcotráfico.
Un informe de inteligencia de 2024 revela que alcaldes y concejales de al menos cuatro municipios mantienen acuerdos informales con grupos armados para garantizar la seguridad de campañas, el transporte de votantes y la protección de funcionarios.
“El narco dejó de pagar sicarios y empezó a financiar alcaldes”, resume un exfuncionario de la región que hoy vive fuera del país.
Las autoridades locales, sin respaldo del Estado, ceden terreno político a los grupos ilegales, que actúan como mediadores entre comunidades, contratistas y gobiernos municipales.
El oro, la coca y los contratos: el triángulo del dinero
El auge de la minería ilegal y del microtráfico urbano ha generado una nueva fuente de recursos para los clanes políticos. Parte del oro extraído en el Bajo Cauca y del dinero del narcotráfico ingresa al circuito legal a través de empresas de construcción, transporte o fundaciones sociales con sede en Medellín.
De acuerdo con la UIAF, más del 40 % de las operaciones sospechosas reportadas en Antioquia entre 2022 y 2024 están vinculadas a contratos públicos o donaciones políticas. La mayoría se concentra en los municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá.
La mezcla de dinero ilegal y fondos públicos convierte a Antioquia en el epicentro de lo que expertos denominan una “narcodemocracia funcional”: un sistema donde el poder criminal y el poder político no se enfrentan, sino que se necesitan mutuamente.
La ausencia del Estado y el reciclaje del poder
La Fiscalía ha anunciado investigaciones, pero los procesos se diluyen. Los expedientes por corrupción o lavado terminan archivados, mientras los mismos nombres regresan a las urnas cada cuatro años con nuevas alianzas.
Un funcionario de la Procuraduría reconoce que los procesos disciplinarios “no avanzan porque los testigos tienen miedo o los contratos están camuflados bajo cooperativas comunitarias que parecen legales”.
El resultado es un ciclo cerrado: los clanes políticos controlan la contratación, los contratistas financian campañas, y las bandas garantizan seguridad y voto amarrado. El círculo se repite elección tras elección.
De los Llanos a Antioquia: la radiografía de un país capturado
La primera entrega de esta investigación mostró cómo, en los Llanos Orientales, la política local es controlada por redes que combinan poder armado y contratos públicos. Antioquia confirma que el modelo se ha perfeccionado: el crimen organizado ya no es un actor externo, sino una institución informal dentro del Estado.
El investigador, ex ministro y exmagistrado Iván Velásquez, actual embajador en El Vaticano, lo advirtió hace unos años:
“El crimen en Colombia no se infiltra en la política. La política lo ha incorporado como parte de su estructura”.
Hoy, Antioquia demuestra la vigencia de esa afirmación. Detrás del discurso de progreso y desarrollo, opera una maquinaria aceitada donde los límites entre el dinero limpio y el sucio se desdibujan.
Hasta que el país no rompa ese vínculo —el de los clanes, los contratos y la narcopolítica— la corrupción seguirá gobernando desde los despachos y los consejos municipales, con la bendición de los capos y la indiferencia de las instituciones.
Espere en la Tercera entrega: La Costa Caribe — El poder de los Char, Gnecco y Torres: contratos de salud, obras públicas y control del voto costeño bajo la sombra del narcotráfico y el contrabando.
