Colombia 2026: Uribismo en campaña, entre condenas, precandidatos y sombras judiciales
GMTV Productora Internacional 
#MoscasEnLaLista
Unidad Investigativa – Octubre 2025
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y figura central del uribismo, ha sido condenado en primera instancia por soborno y fraude procesal. La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en agosto de 2025, lo inhabilita políticamente por 12 años y lo mantiene en arresto domiciliario. Sin embargo, el Centro Democrático ha anunciado que Uribe ocupará el puesto número 25 en su lista cerrada al Senado para las elecciones de 2026, si los recursos judiciales lo permiten.
La decisión ha generado controversia nacional e internacional. Mientras sectores conservadores lo defienden como víctima de persecución política, organizaciones como Dejusticia y Human Rights Watch han señalado que su inclusión en listas electorales representa un retroceso en la lucha contra la impunidad.
Precandidatos en la mira
El uribismo no está solo en esta encrucijada. Varios precandidatos al Congreso 2026, tanto del Centro Democrático como de partidos afines, enfrentan investigaciones judiciales, cuestionamientos éticos o vínculos con contratistas estatales. La lista cerrada, anunciada en julio de 2025 durante un foro convocado por Uribe en Medellín, incluye nombres que han sido protagonistas de escándalos recientes.
María Fernanda Cabal
Senadora en ejercicio y precandidata a repetir curul, Cabal enfrenta una investigación preliminar por presuntos vínculos con contratistas del sector agrícola que habrían financiado campañas locales en el Valle del Cauca. Aunque niega cualquier irregularidad, la Fiscalía ha solicitado informes contables de sus aportantes entre 2021 y 2023.
Paloma Valencia
Reconocida por su discurso vehemente y su defensa del uribismo, Valencia no tiene procesos judiciales abiertos, pero ha sido cuestionada por contrataciones en el Congreso que involucran a familiares y allegados. La Procuraduría investiga si hubo conflicto de interés en la asignación de contratos de asesoría legislativa.
Vicky Dávila
Aunque no ha confirmado oficialmente su candidatura, la periodista Vicky Dávila ha sido mencionada como posible cabeza de lista a la Cámara por Bogotá, en representación de sectores uribistas. Su cercanía con Uribe, evidenciada en entrevistas y foros políticos, ha generado especulación sobre su rol en la campaña. Dávila no enfrenta investigaciones judiciales, pero ha sido criticada por su activismo mediático y por presuntas campañas de desprestigio contra opositores.
Daniel Palacios
Exministro del Interior, Palacios figura en informes de la Contraloría sobre contratación en zonas de conflicto durante su gestión. Aunque no ha sido imputado, el ente de control ha solicitado aclaraciones sobre convenios firmados con operadores privados en Chocó y Arauca.
Enrique Peñalosa
Exalcalde de Bogotá y precandidato independiente al Senado, Peñalosa enfrenta cuestionamientos por el manejo del proyecto Metro de Bogotá. La Fiscalía investiga si hubo sobrecostos y omisiones en la fase de estructuración técnica. Aunque no ha sido llamado a juicio, su nombre aparece en informes de auditoría de la Contraloría Distrital.
Uribe y la sombra de la Corte
Además de su condena por soborno, Uribe enfrenta una indagación por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña al Senado en 2018. La Corte Suprema investiga si hubo aportes no reportados al Consejo Nacional Electoral, y si estos recursos provinieron de empresas con contratos estatales. El magistrado César Reyes Medina ha ordenado pruebas documentales y testimoniales para esclarecer el caso.
El proceso por manipulación de testigos, iniciado en 2020, sigue en juicio. La Fiscalía sostiene que Uribe intentó influir en testigos que lo vinculaban con grupos paramilitares, a través de intermediarios como el abogado Diego Cadena, también procesado.
Listas cerradas y opacidad
La estrategia del Centro Democrático para 2026 se basa en listas cerradas, tanto para Senado como para Cámara. Aunque el partido ha prometido criterios de “honorabilidad y formación académica”, no ha publicado informes de antecedentes judiciales ni de financiación electoral de sus precandidatos.
Organizaciones como Transparencia por Colombia han advertido que las listas cerradas reducen la capacidad del votante para elegir candidatos específicos, y favorecen el blindaje político de figuras cuestionadas. En palabras de Andrés Hernández, director de la organización: “La lista cerrada puede convertirse en un escudo para la impunidad, si no se acompaña de mecanismos de control ciudadano”.
¿Renovación o reciclaje?
Mientras el uribismo se prepara para las elecciones, sectores independientes y movimientos ciudadanos cuestionan si esta estrategia representa una renovación política o un reciclaje de liderazgos bajo sospecha. La inclusión de figuras mediáticas como Vicky Dávila, junto a políticos con trayectoria judicial, plantea interrogantes sobre la ética electoral y la transparencia institucional.
En redes sociales, el hashtag #MoscasEnLaLista se ha viralizado como símbolo de denuncia ciudadana. Usuarios comparten perfiles, contratos y antecedentes de los precandidatos, en un intento por fiscalizar desde abajo lo que las instituciones aún no han esclarecido.
El pueblo decide
En este escenario, el pueblo colombiano enfrenta una elección compleja. Más allá de los discursos, los slogans y las promesas, lo que está en juego es la credibilidad del sistema democrático. ¿Puede una campaña liderada por un condenado judicial representar la regeneración política? ¿Es legítimo que figuras bajo investigación aspiren a legislar? La respuesta no está solo en los tribunales, sino en las urnas. Y en ese terreno, la mosca en la sopa ya no puede ser ignorada.
