Colombia alista nueva legislación para su política de ‘paz total’ en medio de una ambiciosa reforma judicial
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Redacción Justicia y Política
Bogotá, Colombia – El nuevo ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, anunció este lunes un paquete legislativo que busca redefinir los marcos jurídicos para la resolución del conflicto armado interno y modernizar el sistema judicial del país. La iniciativa incluye la presentación, el próximo 20 de julio, de los nuevos estatutos de la llamada “paz total”, una de las banderas centrales del gobierno de Gustavo Petro, así como el inicio de una segunda gran reforma a la justicia.
El anuncio fue realizado tras la posesión de los nuevos viceministros de la cartera y marca el inicio de una fase legislativa clave para la administración Petro, que se enfrenta tanto a un panorama judicial colapsado como a procesos de diálogo con múltiples actores armados, varios de ellos en crisis.
¿Qué propone la nueva ley de ‘paz total’?
Montealegre explicó que la nueva legislación será el desarrollo normativo de la política de paz total impulsada desde 2022 por el presidente Petro. El paquete incluirá:
Un marco legal para el sometimiento de organizaciones criminales, incluyendo incentivos para la colaboración efectiva con la justicia, especialmente en casos de crimen organizado y narcotráfico.
Un modelo jurídico para la desmovilización de grupos insurgentes, bajo garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.
El rechazo expreso a la impunidad, con un enfoque de justicia transicional equilibrada: negociación con estructuras armadas, pero con sanciones proporcionales y exigencia de contribuciones sustanciales a la verdad.
Actualmente, el Gobierno colombiano sostiene nueve procesos de diálogo activos bajo el paraguas de la “paz total”:
Tres negociaciones político-insurgentes: con el ELN (suspendida), las disidencias de alias Calarcá, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (escisión de la Segunda Marquetalia).
Tres procesos urbanos: en Medellín, Quibdó y Buenaventura, donde bandas locales han expresado intención de sometimiento.
Dos diálogos sociojurídicos: con las Autodefensas de la Sierra y el Clan del Golfo.
Un proceso territorial avanzado: con el Frente Comuneros del Sur, que se perfila como la primera experiencia de desmovilización en este nuevo ciclo.
Una nueva reforma a la justicia desde las bases
En paralelo, Montealegre anunció una segunda agenda legislativa en materia de justicia, que busca reformular el diseño del aparato judicial colombiano desde sus estructuras de base. A diferencia de reformas anteriores promovidas desde las élites institucionales, esta propuesta será elaborada “desde abajo”, en concertación con sindicatos, asociaciones, jueces y fiscales, según explicó el ministro.
El objetivo es dar continuidad a la primera reforma aprobada hace pocas semanas, que otorgó nuevas herramientas procesales en el sistema penal acusatorio —como la ampliación del principio de oportunidad y mecanismos de reparación anticipada— para descongestionar tribunales y reducir la impunidad.
Entre los nuevos ejes anunciados se destacan:
Fortalecimiento de la justicia penal frente al crimen organizado.
Reestructuración de la justicia de familia, civil y comercial.
Intervención y vigilancia en la justicia arbitral, donde se han denunciado múltiples casos de corrupción.
Enfoque diferencial hacia territorios con debilidad institucional, donde las estructuras criminales tienen control social.
Equilibrio entre paz y justicia
Montealegre insistió en que las medidas no buscan replicar modelos de impunidad del pasado, sino articular la pacificación con un ejercicio riguroso de justicia:
“No se equivoquen. Este no será un proceso de impunidad. Vamos a armonizar el derecho a la paz con verdad, justicia y reparación para las víctimas. Mano tendida, pero con pulso firme”.
Un desafío político y judicial
La política de paz total ha sido objeto de escepticismo creciente dentro y fuera del país, debido a la fragmentación de los grupos armados, la falta de resultados concretos en las mesas de negociación, y las críticas de sectores que consideran que el enfoque del Gobierno carece de rigor institucional.
Sin embargo, la presentación de un marco legal formal, acompañado de una reforma al sistema de justicia, podría marcar un punto de inflexión: si logra dotar de coherencia jurídica y sostenibilidad política al proceso, Colombia podría estar entrando en una nueva fase de su búsqueda inacabada por la paz.
