Colombia ante la presión de Washington: soberanía, prudencia y el límite de la intimidación

Redaccion Mundo Político – GMTV Productora Internacional

La rueda de prensa ofrecida por Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tras la captura —que Washington describe como “operación judicial”— del presidente venezolano Nicolás Maduro no estuvo dirigida únicamente a Caracas. En un giro inquietante, el mensaje incluyó advertencias veladas a gobiernos de la región que, según la Casa Blanca, “obstaculicen la estabilización” posterior a la intervención estadounidense. Entre líneas, Colombia apareció como uno de los destinatarios principales.

Para Bogotá, el momento es crítico. Colombia es el aliado histórico más cercano de Estados Unidos en América del Sur, pero también es un país cuya estabilidad depende de una frontera extensa, porosa y socialmente frágil con Venezuela. Cualquier gesto interpretado como alineamiento automático con una acción militar unilateral —cuya legalidad internacional es ampliamente cuestionada— podría tener consecuencias internas y regionales de gran alcance.

Expertos en política bilateral coinciden en que la intimidación pública desde la Casa Blanca marca un quiebre preocupante en la relación tradicional entre ambos países. “Cuando la presión se ejerce en ruedas de prensa y no en canales diplomáticos, deja de ser cooperación y pasa a ser coerción”, señala un exfuncionario colombiano que participó en negociaciones de seguridad con Washington durante más de una década. En su opinión, el mensaje implícito es que la lealtad se mide ahora por la obediencia, no por el diálogo.

La pregunta central para Colombia no es ideológica, sino estratégica: ¿cómo responder sin romper la relación con su principal socio comercial y militar, pero sin abdicar de su soberanía ni de su compromiso con el derecho internacional? Para analistas del Council on Foreign Relations, la respuesta pasa por una posición clara, firme y multilateral. “El silencio o la ambigüedad pueden ser leídos como consentimiento”, advierte una especialista en relaciones hemisféricas. “Pero la confrontación directa también sería un error. Colombia debe elevar el debate al plano institucional”.

Eso implica, en primer lugar, rechazar públicamente cualquier amenaza o condicionamiento que implique participación forzada en una ocupación o administración extranjera de Venezuela. La experiencia histórica demuestra que Colombia paga un alto precio cuando los conflictos regionales se desbordan hacia su territorio. Una eventual presencia militar prolongada de Estados Unidos en Venezuela podría generar flujos migratorios adicionales, reacomodos de grupos armados y nuevas tensiones en la frontera, sin que Bogotá tenga control real sobre las decisiones estratégicas.

En segundo lugar, Colombia debe insistir en el marco multilateral. Para expertos en derecho internacional consultados por universidades estadounidenses, el mayor riesgo del precedente venezolano es la normalización del uso de la fuerza para “corregir” regímenes incómodos. Si Colombia, un país que ha reclamado históricamente respeto a su soberanía, guarda silencio frente a ese precedente, debilita su propia posición futura frente a presiones externas.

Desde el punto de vista interno, una alineación acrítica con Washington también tendría costos políticos. La sociedad colombiana es profundamente sensible a la percepción de injerencia extranjera, y cualquier paso que se interprete como subordinación puede erosionar la legitimidad del gobierno de turno. “La relación con Estados Unidos es estratégica, pero no puede ser humillante”, afirma un politólogo colombiano especializado en política exterior. “Un aliado que intimida deja de comportarse como aliado”.

El gobierno colombiano, por tanto, enfrenta una prueba de madurez diplomática. Responder con firmeza no significa romper puentes, sino recordar que la cooperación se basa en reglas compartidas. Colombia puede —y debe— exigir que cualquier transición en Venezuela sea conducida por actores venezolanos, con acompañamiento internacional legítimo, no bajo la sombra de amenazas o ultimátums.

Finalmente, hay una dimensión regional que no puede ignorarse. Si Colombia acepta la lógica de la intimidación como herramienta válida de política exterior, otros países de la región entenderán que el alineamiento no es una opción, sino una imposición. Eso empuja a América Latina hacia una nueva era de polarización y desconfianza, exactamente lo contrario de lo que se necesita en un continente ya golpeado por crisis sociales y económicas.

Colombia no está obligada a elegir entre Washington y Caracas. Está obligada, en cambio, a elegir entre la prudencia y la sumisión, entre el derecho y la fuerza. En ese equilibrio delicado se juega no solo su política exterior, sino su credibilidad como actor soberano en el escenario internacional.

Adenda: La guerra invisible: espionaje, cielos opacos y la erosión silenciosa de la democracia

Más allá de las imágenes públicas de la captura de Nicolás Maduro, una dimensión más oscura y menos visible del operativo comienza a emerger. Autoridades venezolanas denunciaron la presencia de vuelos no identificados en su espacio aéreo en los días previos a la operación, aeronaves que —según sus registros— no figuraban en los reportes de organismos internacionales de control aeronáutico. Aunque Washington no ha confirmado ni negado estas versiones, expertos en seguridad aérea coinciden en que la ausencia de trazabilidad plantea preguntas inquietantes sobre el uso discrecional del espacio aéreo internacional.

Para analistas en defensa y vigilancia estratégica, este tipo de operaciones encajan en un patrón más amplio de guerra “en las sombras”. “Las intervenciones modernas rara vez comienzan con tropas visibles”, explica un exasesor de inteligencia estadounidense. “Empiezan con recopilación de datos, penetración de comunicaciones y control del entorno informativo”. En ese contexto, las denuncias sobre la participación de agencias como la CIA, la DEA o incluso el FBI en tareas de inteligencia previa —aunque no verificadas de manera independiente— resultan verosímiles dentro de los estándares contemporáneos de operaciones encubiertas.

A esto se suma una preocupación creciente en América Latina: el uso de herramientas de espionaje digital como Pegasus, el software desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que ha sido vinculado en múltiples países al monitoreo ilegal de funcionarios, periodistas y opositores políticos. Investigadores en ciberseguridad y derechos digitales han advertido que gobiernos aliados de Estados Unidos han sido objetivos de este tipo de vigilancia, lo que plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento, tolerancia o participación indirecta de Washington.

“Cuando los aliados comienzan a espiarse entre sí, la noción de confianza estratégica se vacía de contenido”, señala una académica especializada en gobernanza digital. En el caso de Colombia, la posibilidad de vigilancia externa —real o percibida— no solo afecta la soberanía del Estado, sino que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿qué queda de los valores de privacidad, libertad y democracia que Estados Unidos dice defender, cuando las herramientas utilizadas para imponer su agenda contradicen esos mismos principios? Para expertos en relaciones internacionales, el problema no es solo el espionaje en sí, sino su normalización bajo el silencio —o la complacencia— de organismos internacionales llamados a velar por la legalidad y los derechos fundamentales.

Esta forma de confrontación encubierta, donde la guerra se libra sin declaraciones formales y fuera del escrutinio público, representa uno de los mayores desafíos para el orden democrático global. No es una guerra abierta, pero tampoco es paz. Es un juego peligroso de sombras, en el que las reglas parecen desaparecer y los ciudadanos quedan al margen de decisiones que afectan directamente su libertad.

En ese escenario, la defensa de la democracia ya no depende solo de elecciones o discursos, sino de la capacidad de los Estados y de la comunidad internacional para poner límites claros a una guerra que se libra, cada vez más, a escondidas.