
Redacción Justicia
Bogotá, Colombia – mayo 29 de 2025
El Consejo de Estado de Colombia, máxima instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, ha admitido para estudio una demanda que busca anular la votación del Senado que rechazó una consulta popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar su polémica reforma laboral. La decisión judicial abre una nueva etapa de incertidumbre institucional en medio de crecientes tensiones políticas y sociales en el país.
La demanda, interpuesta por el ciudadano Raymundo Francisco Marenco Boekhoudt, solicita no solo la anulación de la votación del pasado 14 de mayo, sino también la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve el litigio de fondo. La consulta popular había sido concebida como una estrategia del Ejecutivo para sortear los repetidos bloqueos legislativos a sus reformas sociales, incluyendo la laboral.
Alegaciones de fraude y vicios de procedimiento
Según el demandante, durante la sesión en la que se archivó la iniciativa del Ejecutivo, se presentaron varias irregularidades que habrían vulnerado el debido proceso legislativo. Entre los hechos denunciados se encuentra la supuesta premura con la que se llevó a cabo la votación, impidiendo una deliberación adecuada.
Además, se denuncia una presunta alteración en el sentido del voto del senador Édgar Díaz Contreras, cuyo apoyo inicial a la consulta fue registrado posteriormente como un voto negativo. Igualmente, los congresistas Martha Peralta Epiayú y León Fredy Muñoz no habrían podido ejercer su derecho al voto, lo que podría haber alterado el resultado final.
El Senado rechazó la propuesta de consulta popular con una ajustada votación: 49 votos en contra frente a 47 a favor. Tras conocer el resultado, el presidente Petro lo calificó como un “fraude parlamentario” y llamó a la movilización popular.
Tensión política y movilización social
En respuesta, sindicatos, organizaciones indígenas, campesinas y estudiantiles convocaron a un “gran paro nacional”, cuyo primer día se desarrolló el miércoles en distintas ciudades del país, sin alteraciones del orden público. Las manifestaciones buscan respaldar la consulta popular y exigir la aprobación de las reformas sociales promovidas por el Gobierno.
El Consejo de Estado deberá ahora determinar si existieron vicios sustanciales de procedimiento que justifiquen la suspensión o eventual anulación de la decisión del Senado. El fallo podría sentar un precedente clave para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia, y será seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional.