Colombia: Contrato electoral por más de 2 billones de pesos enfrenta escrutinio político y legal antes de su adjudicación
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Gobierno de Petro advierte sobre falta de transparencia en proceso clave para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
Redacción ELECCIONES EN COLOMBIA
A pocas horas de ser adjudicado un contrato por más de 2,1 billones de pesos colombianos (aproximadamente 530 millones de dólares), el proceso licitatorio liderado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la organización de las elecciones de 2026 se ha convertido en el centro de un intenso debate político y legal en Colombia. El contrato incluye la organización de los Consejos de Juventud en 2025, así como las elecciones legislativas y presidenciales del año siguiente.
El único oferente formal en carrera es la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, compuesta entre otras por Thomas Greg & Sons, una empresa de larga trayectoria en procesos de contratación estatal en Colombia. Aunque inicialmente se presentaron nueve posibles proponentes, solo esta unión temporal radicó su oferta en firme. El proceso está previsto para cerrarse este miércoles 9 de julio a las 5:00 p.m., a menos que prospere alguna acción legal o administrativa de última hora.
Legalidad en entredicho
Desde un punto de vista jurídico, el proceso se ha llevado a cabo bajo la normativa de contratación pública colombiana, que permite la adjudicación aún en caso de que haya un solo proponente, siempre que se cumplan los requisitos de habilitación técnica, financiera y jurídica. Sin embargo, varias firmas interesadas presentaron objeciones formales al pliego de condiciones el pasado 17 de junio, aduciendo posibles sesgos en los criterios que limitaron la competencia.
Las críticas más agudas provienen del propio presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la transparencia del proceso y señalado presuntas irregularidades similares a las que rodearon un contrato anterior entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la misma firma para la elaboración de pasaportes. “Thomas and Gregg decidió ganarse el contrato con trampa a través de un pliego de condiciones sastre, que funcionarios corruptos de Cancillería permitieron…”, denunció el mandatario.
¿Quiénes están detrás de la firma?
Los cuestionamientos también apuntan al perfil de los propietarios de Thomas Greg & Sons, cuyos vínculos con personas que enfrentaron procesos penales en el pasado han sido objeto de investigaciones periodísticas. Hasta el momento, no existe un impedimento legal para que la empresa contrate con el Estado colombiano, siempre que no esté incursa en las inhabilidades contempladas por la ley, como sentencias condenatorias vigentes o sanciones administrativas firmes.
A pesar de esto, el debate ético y político sobre la conveniencia de entregar el manejo logístico de unas elecciones trascendentales a una firma con este tipo de antecedentes ha crecido. El gobierno ha señalado que si bien el proceso cumple formalmente con la ley, podría recurrir a mecanismos judiciales, acciones disciplinarias o incluso a la intervención de entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, para frenar o suspender el proceso si se hallan pruebas de irregularidades.
¿Por qué es tan importante este contrato?
El contratista seleccionado será responsable de todo el soporte técnico y logístico del proceso electoral: desde la inscripción de votantes y candidatos, la capacitación de jurados, la impresión de tarjetas electorales, hasta el despliegue de los kits y equipos de conteo de votos. Se trata, por tanto, de un engranaje esencial para garantizar la integridad, agilidad y legitimidad del proceso electoral colombiano.
A esta millonaria contratación se suma otra adjudicación reciente por $40.000 millones de pesos a Thomas Greg & Sons para las elecciones locales de Juntas Administradoras Locales (JAL) y áreas metropolitanas en 2025. La acumulación de contratos de gran calado ha motivado una escalada de tensiones entre el registrador nacional Hernán Penagos y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, encabezada por Andrés Idárraga, quien ha exigido mayor escrutinio sobre el proceso.
¿Puede el Gobierno frenar la adjudicación?
Aunque el Ejecutivo no tiene injerencia directa sobre las decisiones de la Registraduría —una entidad autónoma por mandato constitucional—, sí puede intervenir mediante acciones judiciales o requerimientos ante órganos de control, si demuestra que hubo falta de competencia, conflicto de intereses o condiciones excluyentes en los pliegos.
De concretarse la adjudicación sin contratiempos, se abre la puerta a posibles litigios posteriores, que podrían impactar la planeación electoral de 2026. En un contexto de creciente polarización, el manejo transparente y confiable del proceso electoral será crucial para preservar la estabilidad democrática del país.
