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Redacción Política y Economía
Las disputas comerciales rara vez empiezan con la electricidad. Pero en la relación entre Colombia y Ecuador, la decisión de Bogotá de suspender las exportaciones de energía eléctrica en respuesta a aranceles del 30% impuestos por Quito a productos colombianos marca un giro más profundo que una simple escaramuza aduanera. Lo que está en juego no es solo el flujo de mercancías o kilovatios, sino la fragilidad de una interdependencia regional construida durante décadas y hoy sometida a tensiones políticas internas en ambos países.
Ecuador justificó los aranceles como una medida de protección a su industria nacional, presionada por un déficit comercial persistente y una economía que aún no logra despegar tras años de bajo crecimiento y ajustes fiscales. Colombia, por su parte, respondió con rapidez y simetría: aranceles equivalentes y el uso de un instrumento más sensible —la energía— que revela hasta qué punto el conflicto ha escalado más allá de lo comercial.
Para los mercados fronterizos, el impacto ha sido inmediato. Transportadores reportan congestión en los pasos de Rumichaca y San Miguel, mientras pequeños exportadores —especialmente de alimentos, textiles y manufacturas ligeras— enfrentan márgenes erosionados por mayores costos logísticos. “Las cadenas de suministro regionales no están diseñadas para absorber choques abruptos de esta magnitud”, señala un analista de comercio andino. “Los primeros en sentirlo no son las grandes empresas, sino los actores más pequeños y menos diversificados”.
En el corto plazo, Colombia parece tener una posición relativamente más cómoda. Su economía es más grande, su matriz exportadora está mejor diversificada y el peso del mercado ecuatoriano —aunque relevante— no es decisivo. Además, la exportación de energía le da a Bogotá una palanca estratégica que pocos socios comerciales poseen. Ecuador, en cambio, es más vulnerable: depende de importaciones energéticas en momentos de alta demanda y su espacio fiscal para subsidiar precios o compensar a sectores afectados es limitado.
Sin embargo, esta asimetría es engañosa. Economistas advierten que instrumentalizar la energía como herramienta de presión política puede tener costos reputacionales significativos para Colombia. “Los mercados valoran la previsibilidad”, explica una consultora regional. “Cuando la energía se convierte en un arma diplomática, incluso de forma temporal, se introduce una prima de riesgo que puede afectar futuras negociaciones e inversiones”.
A mediano plazo, la disputa podría acelerar un proceso que ambos países dicen querer evitar: la fragmentación del comercio andino. La Comunidad Andina, ya debilitada por años de bajo protagonismo político, queda aún más relegada si dos de sus miembros centrales optan por respuestas unilaterales. En lugar de arbitraje regional o negociación técnica, el conflicto se ha trasladado al terreno simbólico y político, donde ceder suele ser más costoso que escalar.
Las consecuencias a largo plazo podrían ser más profundas. Para Ecuador, mantener una política arancelaria defensiva puede ofrecer alivio temporal a ciertos sectores, pero a costa de menor competitividad, precios más altos y menor integración productiva. Para Colombia, el riesgo es distinto: normalizar represalias rápidas puede erosionar su imagen como socio estable en una región donde la confianza es un activo escaso.
Ambos gobiernos también enfrentan incentivos políticos internos. En Quito, la presión por mostrar firmeza económica frente a socios más grandes es popular en ciertos círculos industriales. En Bogotá, responder con contundencia refuerza la narrativa de defensa del interés nacional. Pero como suele ocurrir en estas disputas, los beneficios políticos son inmediatos y concentrados; los costos, diferidos y ampliamente distribuidos.
La salida más racional —negociación técnica, mecanismos de compensación y un calendario claro de desescalamiento— aún es posible. Pero requerirá algo que escasea en el actual clima regional: paciencia política y voluntad de ceder sin parecer débil. De lo contrario, lo que hoy es una disputa por aranceles y electricidad podría convertirse en un precedente incómodo para una región que, en teoría, apostó por la integración como antídoto frente a su histórica volatilidad.
En los Andes, la electricidad siempre ha fluido cuesta abajo. La política, en cambio, tiende a hacerlo en sentido contrario.
