Colombia: El discurso anticorrupción como fachada electoral de élites empresariales
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Unidad Investigativa octubre 2025
En Colombia, la palabra “corrupción” ha sido durante décadas el comodín retórico de campañas presidenciales. Pero una reciente investigación publicada por la revista Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, junto con informes de Transparencia por Colombia, revela una dimensión más preocupante: el uso sistemático del discurso anticorrupción como herramienta de manipulación ideológica por parte de candidatos presidenciales y sus financiadores empresariales.
El blindaje retórico
El estudio identifica cómo el discurso de “lucha contra la corrupción” fue utilizado como escudo por campañas presidenciales, mientras sus financiadores accedían a contratos estatales posteriores. En particular, se documenta que empresarios como William Vélez, del Grupo Ethuss, y Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de filiales del Grupo Aval, figuran como aportantes indirectos o beneficiarios de contratación pública tras las elecciones.
Aunque sus nombres no aparecen directamente en los reportes de Cuentas Claras, sí lo hacen empresas vinculadas a sus conglomerados, que obtuvieron contratos con entidades estatales en sectores como infraestructura, salud y tecnología, en algunos casos apenas semanas después de la posesión presidencial.
El caso Grupo Ethuss
El Grupo Ethuss, conglomerado de ingeniería y servicios públicos liderado por William Vélez, aparece vinculado a contratos en el sector eléctrico y de acueducto en Antioquia y el Caribe, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. La empresa apoyó campañas legislativas aliadas a candidatos presidenciales, y posteriormente obtuvo licitaciones sin competencia en municipios donde esos candidatos ganaron.
Grupo Aval y la sombra del caso Odebrecht
Aunque el Grupo Aval ha negado vínculos directos con campañas presidenciales, la Fiscalía General de la Nación y la SECOP han documentado contratos adjudicados a sus filiales como Corficolombiana, en el marco del escándalo Odebrecht. En 2022, mientras el discurso anticorrupción dominaba el debate público, Corficolombiana recibió ampliaciones presupuestales en proyectos viales como la Ruta del Sol, sin que se exigieran nuevas garantías de transparencia.
Financiación opaca y captura del Estado
El informe de Transparencia por Colombia señala que el 95% de los recursos de las campañas presidenciales de 2022 provinieron de aportes privados, muchos de ellos sin trazabilidad clara. Empresas como Eficacia S.A., Colpatria, y Keralty aparecen en los reportes como donantes o proveedores de servicios electorales, mientras sus ejecutivos ocupaban cargos en juntas directivas de gremios con influencia normativa.
Este patrón, conocido como captura del Estado, implica que actores privados financian campañas para luego incidir en la formulación de políticas públicas, adjudicación de contratos y diseño institucional. En palabras del jurista José Ugaz, citado en el informe: “La gran corrupción ya no se esconde. Se institucionaliza”.
¿Y el pueblo?
Para muchos votantes, el discurso anticorrupción representa una esperanza legítima. Pero la investigación sugiere que esa esperanza está siendo manipulada. “El votante cree que está eligiendo transparencia, pero en realidad está validando una estrategia de simulación. Es una estafa emocional”, afirma Mariana Ríos, politóloga y coautora del estudio.
Los dos rostros de la anticorrupción
En Colombia, la corrupción no solo se combate: también se representa. Las campañas presidenciales de 2018 y 2022 ofrecieron al electorado dos versiones del mismo guion, con protagonistas distintos pero una retórica similar. En 2018, Iván Duque prometió “legalidad” como antídoto contra el saqueo institucional, mientras su campaña recibía respaldo de conglomerados financieros y gremios tradicionales. En 2022, Gustavo Petro ofreció “ruptura ética”, con un discurso de transformación estructural que atrajo a sectores progresistas y empresariales emergentes.
Ambos discursos, aunque opuestos en estética, compartieron una estrategia: usar la corrupción como símbolo de redención política, no como problema estructural. En ambos casos, los aportes privados jugaron un papel central. Empresarios vinculados a contratación pública, salud, infraestructura y consultoría financiaron campañas que luego les abrieron puertas en el Estado. La diferencia no estuvo en la ética del mensaje, sino en el tipo de élite que lo pronunció.
Mientras Duque blindaba el statu quo con lenguaje tecnocrático, Petro lo desafiaba con narrativa popular. Pero en ambos casos, la corrupción fue más una herramienta de marketing que una prioridad institucional. Las promesas de transparencia se diluyeron entre nombramientos cuestionables, contratos sin competencia y silencios estratégicos.
Así, Colombia no enfrenta una sola corrupción, sino dos: la estructural, que saquea; y la discursiva, que seduce. Y en ese juego de espejos, el pueblo sigue esperando que la palabra “anticorrupción” deje de ser un eslogan y se convierta en política pública.
