Colombia: Fiscalía imputa al exministro de Hacienda por escándalo de corrupción en la UNGRD que involucra contratos públicos y presiones legislativas
GMTV Productora Internacional 
Redacción Justicia
Bogotá – La Fiscalía General de Colombia anunció que imputará cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de una creciente investigación sobre corrupción que sacude los cimientos fiscales e institucionales del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Bonilla, considerado uno de los funcionarios más cercanos al jefe de Estado, habría participado —según testimonios de exfuncionarios— en el direccionamiento de contratos estatales por más de 92.000 millones de pesos colombianos (aprox. USD 24 millones) con el propósito de obtener apoyos legislativos clave para la aprobación de créditos internacionales.
El caso se enmarca en el escándalo que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una entidad pública acusada de canalizar recursos bajo el pretexto de atender emergencias climáticas, pero que en realidad habría sido utilizada para articular pactos políticos y canalizar sobornos a miembros del Congreso.
Contratos dirigidos y compromisos de voto
De acuerdo con las investigaciones, los contratos estaban destinados a obras en tres regiones específicas del país: Córdoba, Arauca y Bolívar. Se señala que seis congresistas habrían sido beneficiados con la adjudicación de estos proyectos a cambio de su respaldo a iniciativas del Ejecutivo, incluidas aquellas relacionadas con **autorizaciones de endeudamiento externo**.
Los testimonios clave provienen de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd actualmente procesados. Ambos señalaron que Bonilla dio instrucciones directas para favorecer a ciertos legisladores de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp). La investigación sostiene que estos favores contractuales habrían sido parte de una estrategia más amplia para garantizar el flujo de recursos internacionales requeridos por el gobierno.
Ecos fiscales e institucionales
El caso podría tener implicaciones directas para la percepción internacional sobre la gobernabilidad fiscal y la transparencia institucional de Colombia, justo cuando el país enfrenta desafíos macroeconómicos en medio de reformas estructurales en los sectores laboral, pensional y de salud.
“El uso instrumental del Ministerio de Hacienda para negociar apoyos legislativos mediante favores contractuales pone en tela de juicio la integridad del proceso de aprobación de financiamiento externo”, afirmó un analista político con sede en Washington, consultado por este medio.
Impacto en la agenda de crédito y confianza inversora
La gravedad de los señalamientos recae en que varios de los contratos señalados estarían vinculados a regiones que recibieron recursos bajo figuras de emergencia climática, una categoría que permite aceleración en los desembolsos y excepciones a normas de contratación. Esto podría abrir cuestionamientos adicionales sobre el uso de instrumentos financieros especiales y mecanismos excepcionales de ejecución presupuestal.
Además del exministro Bonilla, también está siendo investigado Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), actualmente fuera del país y con orden de captura en proceso. González es señalado por ordenar sobornos a los expresidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, presuntamente para destrabar el avance de las reformas sociales del Ejecutivo.
El dinero involucrado provendría de sobrecostos en la polémica compra de carrotanques para el departamento de La Guajira, una operación que generó un presunto desfalco de más de 14.000 millones de pesos (USD 3,7 millones).
Riesgos reputacionales para el Gobierno
El caso ha generado una cadena de negociaciones judiciales, principios de oportunidad y preacuerdos que, si se concretan, podrían derivar en nuevos señalamientos contra altos funcionarios del gobierno actual, incluyendo exministros del gabinete Petro.
El viernes 6 de junio se espera una decisión clave en el proceso de María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, cuya declaración es considerada fundamental para determinar el grado de involucramiento del exministro. Asimismo, la Fiscalía ha anticipado que avanzan en la recolección de pruebas contra otros miembros del gabinete, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.
