
Redacción Económica
Bogotá, Colombia – Las autoridades laborales de Colombia han iniciado una investigación formal contra la cadena de supermercados Tiendas D1, una de las más grandes del país, tras denuncias de presuntas prácticas de explotación laboral. El caso ha encendido las alarmas sobre las condiciones laborales en el sector minorista de América Latina y amenaza con impactar la reputación del modelo de bajo costo que caracteriza a la empresa.
La investigación fue anunciada por el Ministerio del Trabajo después de que un reportaje del canal público Señal Colombia revelara que empleados estarían trabajando jornadas de hasta 12 horas diarias sin remuneración por horas extras, en posible violación del Código Sustantivo del Trabajo. Las denuncias han desatado una oleada de críticas en redes sociales y en círculos académicos y sindicales.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó los hechos como “de suma gravedad” y recordó que D1 reportó utilidades superiores a 373.200 millones de pesos colombianos (aproximadamente 95 millones de dólares) en 2024. “No se puede permitir que la rentabilidad empresarial se construya sobre la precarización de la mano de obra”, declaró.
Implicaciones internacionales y económicas
La magnitud del caso trasciende el ámbito local. D1, con más de 24.000 empleados y presencia en todos los departamentos del país, se ha convertido en un emblema del modelo de “hard discount” en Colombia y un ejemplo de eficiencia operativa que ha captado el interés de inversionistas internacionales. Una sanción en su contra podría afectar la confianza en el sector “retail colombiano” y abrir un debate sobre el costo real de los precios bajos.
Expertos en derecho laboral advierten que este caso podría marcar un precedente regulatorio regional, en un momento en que países latinoamericanos debaten reformas para reforzar la inspección y vigilancia de condiciones laborales, especialmente en sectores con alta rotación y tercerización.
Postura de la empresa y tensiones políticas
Tiendas D1 ha rechazado las acusaciones y asegura que “cumple con la normatividad laboral vigente”, además de mantener un compromiso con el bienestar de sus empleados. La empresa ha manifestado su plena disposición a colaborar con la investigación, que se encuentra en su fase preliminar.
Desde sectores empresariales, algunas voces advierten sobre el riesgo de una “persecución ideológica” contra modelos de negocio exitosos, mientras que desde el Gobierno y organizaciones sindicales se insiste en la necesidad de priorizar los derechos laborales sobre los márgenes de ganancia.
Próximos pasos y atención internacional
El Ministerio del Trabajo ha anunciado que en las próximas semanas se publicarán los primeros hallazgos de la investigación. En caso de comprobarse infracciones, D1 podría enfrentar multas millonarias y la obligación de reformar sus prácticas laborales internas.
Con la atención puesta sobre Colombia como un mercado emergente de rápido crecimiento en consumo minorista, el caso de Tiendas D1 podría convertirse en un punto de inflexión regional sobre la responsabilidad empresarial y la defensa de los derechos laborales en cadenas de suministro nacionales.