Colombia pone en marcha un Escudo Nacional Antidrones para enfrentar nuevas amenazas armadas

Bogotá. El Gobierno Nacional anunció la puesta en marcha del Escudo Nacional Anti drones, un ambicioso programa de defensa tecnológica con el que busca responder al uso creciente de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Defensa, contempla una inversión estimada de 6,2 billones de pesos y se perfila como uno de los proyectos de modernización militar más relevantes de los últimos años.

El anuncio fue realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien aseguró que el país enfrenta un cambio profundo en las dinámicas del conflicto armado. “Hoy no solo combatimos fusiles y explosivos convencionales. Nos enfrentamos a amenazas tecnológicas de bajo costo, difíciles de detectar y con alto poder destructivo. El Estado tiene la obligación de adaptarse”, afirmó el ministro durante la presentación del proyecto.

Según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, entre 2024 y 2025 se registraron más de 260 ataques con drones en distintas regiones del país, principalmente en zonas rurales y de difícil acceso. Estos dispositivos, adaptados para transportar explosivos, han sido utilizados por estructuras del ELN y disidencias de las FARC, dejando al menos 15 integrantes de la Fuerza Pública muertos y más de 150 heridos, además de daños a instalaciones militares.

Un sistema integral de defensa

El Escudo Nacional Antidrones no se limita a la compra de equipos tecnológicos. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el proyecto se estructura en tres componentes clave: un marco normativo actualizado, entrenamiento especializado para las Fuerzas Militares y de Policía, y la adquisición de sistemas avanzados de detección, seguimiento e inhibición de drones.

Estos sistemas incluirán radares de corto alcance, sensores acústicos, cámaras especializadas y tecnologías de interferencia de señales, diseñadas para operar en entornos urbanos y rurales. “No se trata solo de neutralizar drones, sino de anticipar amenazas y proteger tanto a la población civil como a nuestras tropas”, explicó el ministro Sánchez.

El funcionario también señaló que el proceso de adquisición se realizará bajo esquemas de contratación directa con fabricantes y con acompañamiento internacional, con el objetivo de garantizar transparencia y efectividad. Además, el Gobierno busca que parte del conocimiento técnico y del mantenimiento de los sistemas se desarrolle en el país.

Opinión de expertos

Analistas en defensa y seguridad consideran que la iniciativa responde a una tendencia global. En distintos conflictos internacionales, los drones comerciales han demostrado ser herramientas eficaces para actores no estatales debido a su bajo costo y facilidad de adaptación.

“Colombia no es una excepción. Los drones se han convertido en el ‘arma pobre’ de los conflictos modernos”, explica un analista en sistemas de defensa aérea consultado por medios especializados, quien advierte que los ejércitos tradicionales suelen estar menos preparados para este tipo de amenazas asimétricas.

El experto señala que la clave del éxito del Escudo Antidrones estará en su integración operativa. “La tecnología por sí sola no basta. Debe existir una doctrina clara, entrenamiento continuo y coordinación entre fuerzas militares, policía y autoridades civiles”, afirmó.

Otros especialistas subrayan la importancia de desarrollar capacidades locales. “Si Colombia no invierte en formación técnica y mantenimiento propio, dependerá permanentemente de proveedores externos, lo que puede afectar la sostenibilidad del sistema a largo plazo”, indicó un consultor regional en seguridad y defensa.

Retos y cuestionamientos

Aunque el anuncio ha sido bien recibido por sectores de la Fuerza Pública, el proyecto también plantea interrogantes. El alto costo del programa se da en un contexto de restricciones fiscales, lo que ha llevado a algunos analistas a pedir claridad sobre los cronogramas de ejecución y los mecanismos de control del gasto.

Organizaciones civiles, por su parte, han señalado la necesidad de que el uso de estas tecnologías cuente con protocolos estrictos para evitar afectaciones a la población civil, especialmente en zonas urbanas donde el uso de interferencias electrónicas podría generar impactos colaterales.

El ministro de Defensa respondió a estas preocupaciones asegurando que el proyecto estará sujeto a supervisión institucional y a estándares de derechos humanos. “La seguridad y la legalidad no son excluyentes. Este sistema se implementará con pleno respeto al marco constitucional”, afirmó.

Un nuevo escenario de seguridad

Con el Escudo Nacional Antidrones, Colombia busca ponerse a la par de otros países que han adaptado sus estrategias de defensa frente a amenazas tecnológicas emergentes. Aunque su implementación tomará varios años, el Gobierno considera que se trata de una inversión estratégica para enfrentar un conflicto que evoluciona rápidamente.

Mientras tanto, el desafío será demostrar que esta apuesta tecnológica no solo mejora la capacidad defensiva del Estado, sino que contribuye efectivamente a proteger vidas y a reducir el impacto del conflicto armado en las regiones más afectadas del país.