Colombia recorta los salarios del Congreso en medio de tensiones fiscales y un clima político polarizado
GMTV Productora Internacional 
Redacción Política y Gobierno
Bogotá. El presidente Gustavo Petro ordenó una reducción del 30 % en los salarios de los miembros del Congreso de la República, una decisión que ha sacudido el panorama político colombiano y reavivado el debate sobre austeridad, legitimidad institucional y equidad en el gasto público. La medida, anunciada como parte de un paquete de ajustes fiscales, elimina un bono especial que recibían los congresistas y se produce en un contexto de creciente presión sobre las finanzas del Estado.
El gobierno argumenta que el recorte responde a la necesidad de enviar una señal clara de disciplina fiscal en momentos en que el déficit presupuestal se amplía y los ingresos tributarios no han crecido al ritmo esperado. “No es coherente pedir sacrificios a la ciudadanía mientras los altos cargos del Estado mantienen privilegios salariales”, señaló un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, que pidió no ser identificado para hablar con franqueza.
Con el ajuste, el salario mensual de los congresistas se reduce de manera significativa, aunque continúa siendo uno de los más altos del sector público. El Ejecutivo ha defendido la decisión como un gesto simbólico pero necesario para reforzar la credibilidad del gobierno ante una opinión pública cansada de la desigualdad y los privilegios de la clase política.
Sin embargo, la reacción en el Congreso ha sido inmediata y dividida. Algunos legisladores afines al gobierno han respaldado la medida, calificándola como “un paso en la dirección correcta”. Otros, principalmente de partidos de oposición, han cuestionado su legalidad y advertido que podría vulnerar la autonomía del poder legislativo. “Este no es un debate sobre salarios, es un debate sobre separación de poderes”, afirmó un senador conservador.
Expertos constitucionales señalan que, aunque el Ejecutivo tiene margen para modificar ciertos componentes salariales, la medida podría enfrentar demandas judiciales si se considera que invade competencias del Congreso. Al mismo tiempo, analistas políticos subrayan que el recorte tiene una fuerte carga simbólica en plena antesala del ciclo electoral de 2026.
La decisión también ha tenido eco entre la ciudadanía. En redes sociales, el anuncio fue recibido con una mezcla de apoyo y escepticismo. Mientras algunos celebran lo que consideran un acto de justicia social, otros cuestionan si el impacto fiscal real es significativo frente al tamaño del presupuesto nacional.
En el trasfondo del debate está una economía que enfrenta desaceleración, mayores costos de deuda y crecientes demandas sociales. Para el gobierno Petro, el recorte salarial busca reforzar su narrativa de cambio y responsabilidad fiscal. Para sus críticos, es una medida populista con efectos limitados.
Lo cierto es que el ajuste ha abierto un nuevo frente de confrontación política en Colombia, donde las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo continúan marcando el ritmo del gobierno y anticipan un periodo de debate intenso en los meses por venir.
