
Redacción Salud y Finanzas
Bogotá — La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia ordenó la suspensión temporal del giro directo de recursos desde el ADRES (Administrador de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a la Nueva EPS, en medio de crecientes preocupaciones por su desempeño operativo, financiero y clínico.
La medida cautelar se basa en un informe técnico fechado el 30 de julio, que documenta fallas estructurales graves, entre ellas: muertes maternas asociadas a gestión ineficaz del riesgo obstétrico, alta mortalidad infantil por causas prevenibles, deficiencias en tamizajes oncológicos, demoras prolongadas en la entrega de medicamentos y más de 39.000 reclamaciones vencidas sin respuesta.
Adicionalmente, se reporta un rezago en el procesamiento de más de 15,5 millones de facturas médicas, equivalentes a $11,56 billones de pesos (aprox. USD 2.95 mil millones), y un incremento del 199% en anticipos no legalizados, que pasaron de $3,6 billones a $7,1 billones entre diciembre de 2023 y febrero de 2025.
El regulador también registró un aumento sostenido en acciones de tutela e incidentes de desacato judicial relacionados con fallas en la atención y el cierre de IPS contratadas. La Superintendencia ordenó presencia permanente de funcionarios en la sede central de la entidad y exigió correcciones inmediatas al representante legal, abarcando aspectos técnico-científicos, financieros y jurídicos.
La suspensión del flujo directo de recursos será efectiva desde el día siguiente a la notificación oficial y permanecerá vigente hasta que la EPS demuestre avances en las medidas impuestas. La decisión se apoya en el artículo 48 de la Constitución, la Ley Estatutaria de Salud (1751 de 2015), la Ley 1438 de 2011 y el Decreto 1080 de 2021, que autorizan la interrupción del giro de fondos cuando se identifique amenaza grave al derecho a la salud o manejo irregular de los recursos públicos.
La Nueva EPS, una de las entidades con mayor número de afiliados en Colombia, ha estado bajo intervención forzosa administrativa desde abril de 2024, proceso que fue prorrogado en abril de 2025. Esta es la tercera medida cautelar emitida por el ente de control en los últimos seis meses, tras las resoluciones de febrero y junio.
Según la Supersalud, la EPS continúa incumpliendo los compromisos adquiridos durante el proceso de intervención, manteniendo una afectación crítica al sistema de salud y al acceso efectivo de millones de usuarios.