
Redacción COLOMBIA
Colombia amaneció este viernes con la sensación de haber retrocedido dos décadas en el calendario. En menos de 24 horas, el país fue sacudido por dos atentados terroristas de gran escala: un coche bomba en Cali que dejó al menos seis muertos y decenas de heridos, y un ataque con dron en Amalfi, Antioquia, que derribó un helicóptero policial y cobró la vida de 12 uniformados. Como si la violencia no fuera suficiente, la agenda política nacional giró de inmediato hacia un viejo protagonista: Álvaro Uribe Vélez, el expresidente que recuperó la libertad tras su salida de la detención domiciliaria y que, en un acto calculado, anunció el inicio de una campaña política.
El cruce de hechos —dos atentados terroristas y el regreso del expresidente al ruedo electoral— plantea una pregunta inevitable: ¿es casualidad que, en medio de un país enlutado y asustado, reaparezca el discurso de la “seguridad democrática”, aquel que marcó la política colombiana en los años 2000? ¿O estamos ante una reedición de un libreto conocido, en el que la violencia criminal se convierte en el telón de fondo de la disputa política?
La doble tragedia: Cali y Amalfi

La tarde del jueves, un camión cargado con cilindros bomba explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El estallido dejó seis muertos —incluido un niño— y más de 60 heridos. Apenas unas horas después, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron cargado con explosivos: doce uniformados murieron en el acto.
Las autoridades señalaron al Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las FARC, como responsable de ambos ataques. El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como una “reacción terrorista” frente a los golpes militares que han debilitado a estructuras como la columna Carlos Patiño y el frente 36, liderado por alias Calarcá. “El terrorismo es la expresión de facciones subordinadas al narcotráfico”, dijo el mandatario en Cali, prometiendo perseguirlos como organizaciones terroristas.
El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, fue aún más duro: “Estos criminales no son insurgentes políticos, son vulgares narcotraficantes”. Y anunció el despliegue de la máxima capacidad operativa de la institución. La Fiscalía, por su parte, confirmó la captura de dos sospechosos y señaló a la estructura Jaime Martínez como posible autora del ataque en Cali.
Expertos en seguridad consultados por este medio coinciden en que los atentados reflejan un doble mensaje: resistencia frente a las operaciones militares y presión sobre el gobierno para ganar oxígeno político en las negociaciones. “Estamos ante un acto de propaganda armada”, afirma Andrés Guzmán, investigador del Cerac. “El uso del dron en Amalfi muestra capacidad tecnológica y un mensaje claro: pueden golpear a la Fuerza Pública en sus operaciones más sensibles, como la erradicación de cultivos ilícitos”.
El regreso de Uribe
En medio de la conmoción por los atentados, el jueves también marcó el regreso de Álvaro Uribe Vélez al escenario político. El expresidente, investigado por presunto fraude procesal y soborno a testigos, recuperó la libertad tras la decisión de un juez de revocar su medida de aseguramiento en casa por cárcel.
Horas después de su salida, Uribe se dirigió a sus seguidores con un discurso que evocó los tiempos de su primera campaña presidencial en 2002: denunció el terrorismo, criticó la debilidad del Estado y prometió recorrer el país para “recuperar el orden”. Aunque no habló explícitamente de “seguridad democrática”, la referencia flotaba en el aire.
“Colombia necesita autoridad, no discursos vacíos. No podemos entregarles el país a los violentos”, dijo en su primera aparición pública tras la decisión judicial. Y agregó: “Aquí estaré, recorriendo las regiones, escuchando a la gente, defendiendo la democracia”.
La oposición celebra, el gobierno se defiende
La salida de Uribe desató reacciones inmediatas. Sus seguidores celebraron lo que consideran una “victoria de la justicia”, mientras que sectores de la oposición vieron en su regreso un reacomodo de las fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2026.
El expresidente Iván Duque lo saludó en redes sociales como “el líder que el país necesita en este momento de incertidumbre”, y dirigentes del uribismo ya hablan abiertamente de su rol como articulador de una nueva coalición de derecha.
El gobierno, en contraste, se cuidó de no entrar en una confrontación directa. El presidente Petro evitó referirse a Uribe, concentrando su discurso en la seguridad. Sin embargo, voces del Pacto Histórico insinuaron que el regreso del expresidente coincide “convenientemente” con un país sacudido por el miedo. “No es la primera vez que el uribismo florece en escenarios de violencia”, dijo un congresista oficialista que pidió reserva de su nombre.
El debate sobre la “seguridad democrática”
El trasfondo es claro: los atentados han revivido un debate que parecía superado. ¿Debe Colombia retomar una estrategia de seguridad centrada en la mano dura, el control militar y la reducción del enemigo a “terrorista”? ¿O el país necesita insistir en una paz negociada, a pesar de los costos en términos de violencia?
Para Sandra Borda, politóloga y analista de partidos, la coyuntura plantea un dilema electoral. “Uribe sabe que su bandera siempre fue la seguridad. Su regreso ocurre justo cuando el gobierno de Petro enfrenta la peor oleada de violencia en lo que va del mandato. Es un escenario casi calcado al de 2002”.
El problema, según Borda, es que el contexto de hoy es distinto. “Las disidencias de las FARC no son una guerrilla con motivación ideológica. Son redes criminales profundamente ligadas al narcotráfico. Y esa diferencia cambia el tipo de soluciones posibles”.
¿Un futuro marcado por el miedo?
Mientras Cali entierra a sus muertos y Amalfi despide a los 12 policías asesinados, el país parece entrar en una nueva etapa de incertidumbre. El discurso de Petro insiste en una “paz total” que, en la práctica, luce cada vez más lejana. El uribismo vuelve a posicionar la seguridad democrática como bandera, apelando al miedo y la memoria de tiempos pasados. Y la oposición de centro aún no encuentra un relato propio frente a la violencia.
“El gran riesgo es que la política colombiana vuelva a girar exclusivamente en torno al miedo y la seguridad, dejando de lado los debates sobre desigualdad, corrupción y desarrollo”, advierte León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación.
Lo cierto es que la violencia de esta semana cambió la agenda nacional. De aquí en adelante, el gobierno tendrá que demostrar si es capaz de controlar a las disidencias y al narcotráfico, o si, por el contrario, la narrativa del uribismo vuelve a imponerse como en los años más oscuros de la guerra.
Epílogo
Colombia se encuentra otra vez en un punto de quiebre. Los atentados en Cali y Amalfi confirmaron que la seguridad sigue siendo la herida abierta de la nación. La salida de Uribe de su arresto domiciliario y su anuncio de campaña política devolvieron a la escena al líder que construyó su carrera sobre esa misma herida.
¿Estamos ante la reedición de la seguridad democrática? ¿O el país está condenado a vivir en un eterno retorno de sus fantasmas? Esa es la pregunta que, entre funerales y discursos, empieza a definir el futuro político inmediato de Colombia.