Condena a Jorge Glas reaviva tensiones regionales y críticas por el uso político de la justicia en Ecuador
GMTV Productora Internacional 
Redacción MUNDO
Quito, Ecuador – La sentencia dictada este lunes contra el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, por malversación de fondos públicos durante la reconstrucción tras el terremoto de 2016, ha reavivado no solo los debates internos sobre corrupción y justicia, sino también las heridas abiertas en el frente diplomático con México y la percepción internacional sobre el manejo político de los procesos judiciales en la región.
El fallo, emitido por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, impone a Glas 13 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, al hallarlo culpable de desviar fondos recaudados bajo la Ley de Solidaridad, destinados originalmente a atender a las víctimas del devastador sismo que golpeó la costa ecuatoriana.
La jueza Mercedes Caicedo fue enfática al señalar que Glas y el exsecretario Carlos Bernal —condenado también a 13 años— “abusaron de dineros públicos” para ejecutar obras innecesarias y desvinculadas de las necesidades urgentes de reconstrucción en la provincia de Manabí, generando un perjuicio al Estado que supera los 225 millones de dólares.
Más que un caso judicial: una figura en el epicentro del conflicto Ecuador-México
Aunque el juicio se centró en hechos ocurridos en 2016, el nombre de Jorge Glas volvió a los titulares internacionales en abril de 2024, cuando su captura dentro de la embajada de México en Quito desató una crisis diplomática sin precedentes entre ambos países. Glas había solicitado asilo político alegando persecución judicial, pero un operativo de la Policía Nacional irrumpió en la sede diplomática para detenerlo por orden del gobierno de Daniel Noboa.
El hecho fue calificado por el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como una “violación flagrante al derecho internacional”, lo que motivó la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con Ecuador. Organismos como la CELAC, la OEA y Naciones Unidas condenaron el asalto, y varios gobiernos latinoamericanos —entre ellos los de Colombia, Brasil, Chile y Argentina— exigieron respeto a las normas que rigen el asilo diplomático y la inviolabilidad de las embajadas.
En paralelo, el gobierno ecuatoriano defendió la legalidad de la captura y denunció el uso indebido de la figura del asilo. “Ecuador es un país soberano y no va a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad”, expresó la Cancillería en un comunicado oficial.
Reacciones regionales tras la condena
Aunque la sentencia ha sido bien recibida por sectores que exigen un mayor combate a la corrupción, ha generado inquietud en círculos diplomáticos y organizaciones de derechos humanos que ven en el caso una posible “instrumentalización judicial con motivaciones políticas”.
México reiteró que el proceso contra Glas pone en entredicho el respeto al derecho de asilo y advirtió que “seguirá observando con atención” el curso judicial del caso.
Colombia expresó preocupación por el precedente que puede sentar la irrupción en embajadas extranjeras y pidió a Ecuador “reconducir su política exterior dentro del marco del derecho internacional”.
Brasil y Chile, aunque evitaron pronunciamientos directos sobre la condena, reiteraron que el respeto a la autonomía judicial debe ser compatible con las garantías procesales y la presunción de inocencia.
Contexto político y futuro regional
Jorge Glas cumple ya penas acumuladas de seis y ocho años en prisión por casos anteriores de corrupción, incluyendo el escándalo Odebrecht. Con esta nueva sentencia, el correísmo —movimiento afín al expresidente Rafael Correa, actualmente asilado en Bélgica— enfrenta un nuevo golpe judicial que impacta directamente en el escenario electoral ecuatoriano de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
Mientras tanto, la ruptura con México aún no ha sido restablecida, y la condena de Glas no solo sella su caída política, sino que mantiene abierto un debate regional sobre los límites de la justicia, el respeto al derecho internacional y los efectos de la polarización política en América Latina.
