#ConexionUSAContraPetro. Alcaldes a Washington: ¿un golpe a la democracia colombiana con participación de políticos gringos?
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La gira de Fico y Éder que pone en jaque las relaciones con EE. UU.
Redacción Política y Relaciones Internacionales
Introducción: un viaje que desató un terremoto político
El reciente viaje de Federico “Fico” Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Alejandro Éder, alcalde de Cali, a Washington no puede leerse como un simple gesto de gestión internacional. La agenda, los interlocutores y las reacciones que provocó lo convirtieron en un episodio con profundas implicaciones constitucionales, diplomáticas y políticas.
La controversia va más allá de si dos mandatarios locales tienen derecho a reunirse con congresistas estadounidenses. Lo que está en juego es la línea divisoria entre la diplomacia legítima y la usurpación de funciones reservadas exclusivamente al Presidente de la República. ¿Acaso asistimos a una forma de “diplomacia paralela” que erosiona la institucionalidad colombiana y abre la puerta a un golpe blando, con respaldo de sectores de Washington críticos del presidente Gustavo Petro?
Los hechos: lo que hicieron Fico y Éder en Washington
El viaje incluyó reuniones con congresistas republicanos, algunos cercanos a Donald Trump, y conversaciones centradas en la cooperación antidrogas y en la eventual descertificación de Colombia en esa materia. Los alcaldes argumentaron que hablaban en nombre de sus ciudades, preocupados por los efectos que tendría la pérdida de certificación en la seguridad y en la financiación de programas locales.
Sin embargo, la línea que separa la gestión local de la política exterior se difuminó cuando los alcaldes discutieron temas estratégicos nacionales, tradicionalmente reservados a la Cancillería y a la Presidencia. No se trató de promocionar inversiones o intercambios culturales, como suelen hacer los mandatarios locales en viajes internacionales, sino de intervenir en el corazón de la relación bilateral más delicada que tiene Colombia: la lucha antidrogas con Estados Unidos.
El marco constitucional colombiano: ¿usurpación de funciones?
La Constitución Política de 1991 es clara: la dirección de las relaciones internacionales corresponde de manera exclusiva al Presidente de la República. Ni gobernadores ni alcaldes tienen facultades para negociar, acordar o representar al Estado en escenarios diplomáticos.
Por eso, juristas y exmagistrados han señalado que el viaje de Fico y Éder, tal como se presentó, podría constituir usurpación de funciones públicas. Más aún si usaron recursos estatales sin autorización del gobierno central, lo que abriría la puerta incluso a investigaciones por malversación de fondos.
En este punto, la controversia no es solo legal, sino simbólica: cuando actores subnacionales ocupan espacios reservados a la Presidencia, proyectan hacia el exterior la imagen de un país fragmentado, donde el gobierno central carece de control.
Reacciones en Estados Unidos: entre aplausos y silencios
Del lado estadounidense, los alcaldes fueron recibidos con entusiasmo por congresistas republicanos, algunos de ellos cercanos al expresidente Donald Trump. Según fuentes legislativas, Marco Rubio —hoy una de las voces más influyentes de la política exterior en el Senado— se mostró receptivo a las críticas contra Petro y a los argumentos de los alcaldes sobre el riesgo de descertificación.
Rubio ha sido un crítico constante de los gobiernos latinoamericanos de izquierda y, en el caso de Colombia, ha expresado preocupación por las políticas antidrogas de Petro, a las que tilda de erráticas. El gesto de recibir a Fico y Éder, en este contexto, fue interpretado como un espaldarazo simbólico a quienes cuestionan al actual presidente colombiano.
Donald Trump, por su parte, no se ha pronunciado públicamente sobre este viaje específico, pero el hecho de que los alcaldes fueran recibidos por congresistas de su órbita refuerza la lectura de que sectores del trumpismo buscan cultivar vínculos con líderes locales colombianos de oposición a Petro.
¿Se desconoció al gobierno legítimo de Petro?
Aunque formalmente ningún funcionario estadounidense declaró que los alcaldes representaban al Estado colombiano, la percepción es otra: en la práctica, dos mandatarios locales ocuparon espacios que correspondían a la Cancillería y a la Presidencia. Al no existir aclaraciones contundentes por parte del Departamento de Estado, el episodio se percibió como un gesto de desconocimiento al gobierno de Petro y una forma de “legitimar” a opositores internos.
En diplomacia, los símbolos pesan tanto como los actos formales. Que congresistas influyentes de EE. UU. aplaudan a dos alcaldes colombianos por hablar de certificación antidrogas equivale a aceptar que existe un canal alterno de comunicación con Colombia, distinto al gobierno electo.
¿Qué pasa con la certificación antidrogas?
Cada año, Estados Unidos evalúa si Colombia coopera suficientemente en la lucha contra el narcotráfico. Una descertificación tendría efectos devastadores: congelamiento de ayudas, suspensión de programas de cooperación, y debilitamiento de la relación bilateral en seguridad y comercio.
El gobierno de Petro ha insistido en que no hay razones para una descertificación y que la política de drogas está siendo replanteada con un enfoque integral. Los alcaldes, en cambio, se presentaron en Washington como voces de alarma, sugiriendo que las políticas nacionales ponen en riesgo la certificación.
Este contraste no solo debilita la posición negociadora del gobierno central, sino que alimenta la narrativa de un país dividido, lo que puede inclinar la balanza en contra de Colombia en un momento crítico.
Escenario legal en Colombia: las posibles investigaciones
Ante este panorama, varias instituciones colombianas podrían actuar:
Fiscalía General de la Nación: tendría que evaluar si hubo usurpación de funciones, peculado o malversación de fondos públicos en la financiación del viaje.
Corte Suprema de Justicia: podría asumir competencia si se configuran delitos graves contra la administración pública.
Procuraduría General de la Nación: debe investigar si hubo faltas disciplinarias por parte de los alcaldes al actuar en asuntos de política exterior sin autorización.
Contraloría General: podría revisar si hubo irregularidades en el uso de recursos estatales destinados a un viaje con fines no autorizados.
Cada una de estas instancias tendría que definir si el viaje fue un exceso administrativo, una falta disciplinaria o un delito con consecuencias penales.
La visión del gobierno colombiano
El presidente Petro y varios de sus ministros reaccionaron con dureza. Petro calificó el viaje como un acto de usurpación, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue tajante: “Si quieren ir a Disney no necesitan permiso, pero si van a hablar de política exterior, sí”.
Desde la Cancillería, se analizan medidas diplomáticas para expresar el descontento. Una de las posibilidades es llamar a consultas al embajador colombiano en Washington, un gesto que en diplomacia equivale a un reclamo formal. Otra sería enviar una nota de protesta al Departamento de Estado, exigiendo explicaciones sobre las reuniones sostenidas por los alcaldes.
Ambas medidas, sin embargo, deben calibrarse cuidadosamente: un exceso podría tensar aún más la relación con Washington, justo en un momento en que Colombia busca asegurar la certificación antidrogas y mantener los flujos de cooperación.
Medidas que deberían adoptarse
El gobierno colombiano no puede dejar este episodio sin consecuencias. Para preservar la institucionalidad y enviar un mensaje de respeto a la Constitución, debería:
Exigir a la Procuraduría y la Fiscalía la apertura de investigaciones formales sobre los alcaldes.
Solicitar un informe detallado de gastos y fuentes de financiación del viaje, para descartar malversación de recursos públicos.
Llamar a consultas al embajador en EE. UU., como gesto de protesta formal.
Reiterar públicamente que la política exterior es competencia exclusiva del Presidente, cerrando la puerta a futuras “diplomacias paralelas”.
Estas medidas no buscan castigar a dos alcaldes opositores, sino garantizar que la política exterior siga siendo un asunto de Estado, no de agendas locales o personales.
Conclusión: una línea roja que no debe normalizarse
El viaje de Fico y Éder marca un precedente peligroso. Si se normaliza que mandatarios locales actúen como voceros internacionales en asuntos de política nacional, Colombia podría entrar en un escenario de fragmentación diplomática donde cada alcalde o gobernador busca reconocimiento externo como contrapeso al gobierno central.
El aplauso de congresistas estadounidenses a los alcaldes no es un gesto inocente: refleja una apuesta geopolítica de ciertos sectores por debilitar a Petro y fortalecer liderazgos opositores de cara al 2026.
El gobierno colombiano debe reaccionar con firmeza, no para avivar una confrontación con Washington, sino para dejar claro que la democracia y la institucionalidad no se negocian. La pregunta es si tendrá la voluntad y el respaldo institucional para hacerlo.
