#ConsultadelPactoHistórico. Cuando los errores públicos revelan esquemas de riesgo: el fallo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la alianza de sabotaje que sacuden el proceso electoral colombiano
GMTV Productora Internacional 
La jornada de la consulta del Pacto Histórico mostró no solo las fisuras de la oposición, sino también el despliegue de un esquema que amenaza la transparencia del ciclo electoral hasta 2026. La ciudadanía debe estar alerta.
Unidad de Investigación – GMTV Productora Internacional
En la tarde del pasado domingo 26 de octubre de 2025, cuando la ciudadanía participaba en la consulta interna del Pacto Histórico para elegir su candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2026, se produjo una situación de máxima gravedad democrática: un error de diseño y comunicación por parte de la Registraduría que —aunque pueda haber sido técnico— revela un esquema operativo potencialmente usado para manipular resultados; al mismo tiempo, los partidos de oposición se aliaron con dicha entidad para obstaculizar el proceso, operación que terminó en una derrota estruendosa.
El error estructural que no fue casualidad
La Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos, admitió que el diseño del tarjetón electoral para la consulta del 26 de octubre contenía fallas que podrían inducir al engaño al votante: según los propios actores del Pacto Histórico, “se aprobó la fotografía de los tres aspirantes, pero no el título del tarjetón que llama a elegir una candidatura presidencial cuando en realidad se trataba de una pre‐consulta”.
Pongámoslo en perspectiva: un tarjetón que da a entender que lo que el ciudadano está haciendo es elegir directamente al candidato presidencial, cuando en realidad su voto se inscribe en un estadio previo, genera confusión, puede inducir a error y abrir puertas al cuestionamiento moral del proceso. Más aún: en un país con altos niveles de desconfianza institucional, cualquier fisura en el mecanismo es susceptible de ser aprovechada por grupos interesados en truncar la voluntad popular.
Y esa fisura no fue menor. Se trata del instrumento —la papeleta— que articula la voluntad ciudadana con el escrutinio público. Si ese vínculo está contaminado o mal presentado, la integridad del proceso queda en entredicho. Los analistas han advertido que esa confusión puede ser una puerta de entrada para el fraude elaborado, o al menos para la manipulación indirecta de resultados.
La alianza de sabotaje de la oposición y la derrota política
Al mismo tiempo, sorprendentemente, los partidos de oposición decidieron aliarse con la Registraduría para intentar sabotear la jornada: en lugar de disputar políticamente la consulta, optaron por operar desde dentro del mecanismo con maniobras para generar impugnaciones, retrasos y dudas sobre la legitimidad. Esta estrategia, sin embargo, fracasó rotundamente. Según reportes iniciales, la unión contraria no logró inhibir la votación y quedó políticamente desacreditada.
¿Por qué fue una derrota? Porque la ciudadanía reaccionó: la jornada, lejos de quedar en la sombra del boicot, concentró la atención pública, generó mayor movilización y dejó clara una línea de fractura entre quienes quieren democráticamente disputar el poder y quienes recurren a atajos institucionales para frenarlo. En ese sentido, la consulta del Pacto Histórico se convirtió en un termómetro de la voluntad ciudadana frente al uso indebido de instituciones para fines partidistas.
Estado de la movilización, abstencionismo y riesgos estructurales
A pesar de la victoria del senador Iván Cepeda sobre la exministra Carolina Corcho, con más del 65 % de los votos válidos, los analistas advierten un “sinsabor” ligado al abstencionismo, los votos en blanco o anulados y la falta de entusiasmo pleno entre las bases de izquierda.
Si menos de 2,8 millones de personas participaron entre más de 39 millones habilitadas, estamos ante una señal de que el desafío no solo es ganar, sino motivar y movilizar.
El otro gran riesgo proviene de la institucionalidad electoral: la Defensoría del Pueblo reportó 649 municipios con nivel alto de riesgo electoral (entre “acción prioritaria” y “llamado a atención urgente”) para el ciclo 2026, aunque el Gobierno sólo reconoció 104.
Esta disparidad evidencia que la Registraduría y las autoridades encargadas tienen un reto formidable: blindar el proceso ante la presencia de operadores armados, cultivos ilícitos, fraudes locales y manipulación sistémica.
¿Qué queda pendiente? La asamblea constituyente como herramienta de defensa democrática
Ante este escenario, queda claro que no basta con denunciar los errores del día o criticar la pasividad de la oposición. Es hora de pensar en reformas profundas: una de las ideas que gana terreno es la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar el sistema electoral colombiano, fortalecer la independencia de la Registraduría, garantizar la transparencia del pre-conteo, instaurar auditoría ciudadana y cerrar las puertas a las alianzas entre mafias, operadores financieros y partidos tradicionales.
La asamblea constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro se perfila como la herramienta política más poderosa para sepultar definitivamente los viejos nexos entre la política y una justicia amañada por intereses mafiosos. Más que una bandera ideológica, representa un punto de inflexión histórico: un intento por desmontar las estructuras que durante décadas han permitido la captura del Estado por redes clientelistas, judiciales y económicas.
Esta propuesta no surge de la coyuntura, sino de la evidencia acumulada de que las instituciones actuales ya no bastan para garantizar elecciones limpias ni decisiones judiciales independientes. Las elecciones de 2026 no serán, entonces, una cita cualquiera: serán el campo de disputa entre un país que busca renovarse y otro que se aferra a los privilegios del pasado. De la decisión ciudadana dependerá si el sistema electoral vuelve a ser instrumento de manipulación o si se convierte, por fin, en expresión de una democracia verdadera.
Llamado a la ciudadanía
Este es un momento de movilización activa: no basta con votar, hay que vigilar, denunciar, participar como veedor, como jurado, como testigo. Si la ciudadanía abdica, los operadores del fraude institucional avanzan a sus anchas. La transparencia no la establecen únicamente los organismos oficiales: la construimos todos. Y la derrota política de ayer es apenas un respiro: la batalla electoral de 2026 se juega hoy, en la vigilancia, en la exigencia, en la participación íntegra.
Análisis de fondo
La consulta del Pacto Histórico mostró dos caras de la democracia colombiana: una movilización legítima, encabezada por fuerzas progresistas que desean continuar el cambio; y, al mismo tiempo, un desgaste institucional y una alianza de sabotaje que evidencian cómo los operadores tradicionales y los aparatos del Estado pueden contaminar el proceso. El error de la Registraduría no fue simplemente un descuido administrativo: fue un reflejo del riesgo estructural al que están expuestas las elecciones colombianas. Los partidos de oposición que se aliaron con ese fallo institucional demostraron que su apuesta es paralizar, no disputar honestamente. Ahora, queda la gran encrucijada: el país puede avanzar hacia una reforma electoral profunda —una asamblea constituyente que transforme el sistema— o repetir los viejos ciclos de fraude, desconfianza, abstención y declive democrático. El reloj corre; la ciudadanía, las organizaciones sociales y los medios independientes tienen la palabra.
