Corabastos, entre la corrupción y el olvido estatal — ¿Hora de revivir el IDEMA?
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Unidad Investigativa – GMTV Productora Internacional
Introducción: el mercado que se pudre desde adentro
Corabastos, la Central de Abastos más grande de Colombia, debería ser un símbolo de soberanía alimentaria, justicia comercial y eficiencia logística. Pero hoy, para miles de campesinos y consumidores, representa todo lo contrario: un laberinto de intermediarios, una trampa de precios inflados y un foco de corrupción que se ha enquistado en sus juntas directivas y gerencias. Mientras tanto, el IDEMA —Instituto de Mercadeo Agropecuario—, que alguna vez garantizó precios justos y compras públicas, yace en el cementerio de las instituciones desmontadas por el neoliberalismo. ¿No es hora de resucitarlo?
El negocio de la comida: ¿quién gana en Corabastos?
Corabastos mueve más de 10 millones de toneladas de alimentos al año y representa cerca del 80% del abastecimiento de Bogotá y buena parte del centro del país. Pero detrás de esa cifra se esconde una estructura que favorece a grandes intermediarios y gremios, mientras los pequeños productores apenas sobreviven.
Según informes de Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2022 se registraron más de 1.200 hechos de corrupción en el país, muchos de ellos vinculados a empresas mixtas y entidades descentralizadas como Corabastos. La falta de control sobre los contratos, la opacidad en la elección de gerentes y la captura de la entidad por intereses privados han convertido a la central en un feudo de poder.
Un exfuncionario del Ministerio de Agricultura, que pidió reserva de su nombre, afirmó: “Corabastos dejó de ser un servicio público para convertirse en un negocio privado con fachada estatal. Los gremios que deberían representar a los productores son los primeros en bloquear cualquier intento de reforma”.
Juntas directivas: entre la omisión y el clientelismo
La junta directiva de Corabastos está compuesta por representantes del gobierno, gremios y comerciantes. Pero lejos de garantizar pluralidad, esta composición ha servido para blindar intereses particulares. En los últimos años, varias denuncias han señalado cómo se manipulan las licitaciones internas, se reparten bodegas entre allegados y se bloquean auditorías independientes.
Un informe de Monitor Ciudadano de la Corrupción reveló que la falta de rendición de cuentas en Corabastos ha permitido prácticas como el alquiler informal de espacios, el cobro de “vacunas” a pequeños comerciantes y la tercerización de servicios sin control. Todo esto mientras los precios al consumidor se disparan y el campesino recibe migajas.
El IDEMA: una alternativa enterrada por el mercado
El IDEMA fue liquidado en 1997 bajo el argumento de que el mercado debía autorregularse. Pero su desaparición dejó un vacío que nunca fue llenado: el Estado perdió su capacidad de comprar directamente a los campesinos, regular precios y garantizar reservas estratégicas de alimentos.
Hoy, en medio de una crisis inflacionaria y climática, la ausencia de una entidad como el IDEMA se siente con fuerza. “El país necesita una agencia pública que compre, almacene y distribuya alimentos con criterios de equidad y soberanía”, afirma la economista rural Ana María Rojas, investigadora de la Universidad Nacional. “No se trata de volver al pasado, sino de corregir el rumbo”.
¿Reestructurar o desmontar? El dilema del gobierno
El gobierno nacional ha anunciado su intención de intervenir Corabastos, pero los avances son tímidos. La presión de los gremios, el temor a desatar conflictos con comerciantes y la falta de voluntad política han frenado cualquier reforma estructural.
Sin embargo, voces desde el Congreso y la sociedad civil exigen decisiones de fondo. “Corabastos no necesita maquillaje, necesita cirugía mayor”, afirma el representante a la Cámara Germán Gómez. “Si no se puede reformar, hay que desmontarla y crear una nueva institucionalidad que sirva al país, no a unos pocos”.
Conclusión: entre la memoria y la urgencia
Revivir el IDEMA no es una nostalgia estatista, es una necesidad estratégica. Y desmontar el negocio de Corabastos no es un capricho ideológico, es una exigencia ética. Colombia no puede seguir permitiendo que el alimento —derecho básico y bien común— sea secuestrado por mafias de cuello blanco y redes clientelistas.
El gobierno tiene la palabra. Pero también la ciudadanía, los campesinos, los consumidores. Porque la soberanía alimentaria no se decreta: se construye con instituciones limpias, mercados justos y decisiones valientes.
