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Redacción Justicia y Derecho
En medio de recientes publicaciones de la revista Semana, la Corte Constitucional emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente las afirmaciones sobre supuestas filtraciones relacionadas con su Sala Plena. El alto tribunal destacó que dichas versiones buscan deslegitimar sus deliberaciones y decisiones colegiadas, reafirmando su compromiso con el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia de sus magistrados.
El comunicado subraya que la Corte no es la autoridad competente para adelantar investigaciones sobre los hechos señalados y que estará atenta a las actuaciones de los órganos correspondientes. Además, los magistrados y magistradas manifestaron su disposición para brindar explicaciones ante las autoridades competentes, en caso de ser requeridos conforme a la ley.
La controversia surge tras las revelaciones de Semana sobre el magistrado Vladimir Fernández, quien ha sido mencionado en diversos escándalos, incluyendo el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). La Corte rechazó las caracterizaciones erradas que circulan sobre su funcionamiento interno y reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales.
¿Revista semana debería ser investigada por filtrar información del corte?
La posibilidad de investigar a la revista Semana por sus filtraciones depende de varios factores jurídicos. Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los medios de comunicación tienen el derecho a la libertad de expresión y a la reserva de sus fuentes periodísticas, lo cual es considerado un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho no es absoluto y puede estar limitado si se demuestra que la información divulgada afecta derechos fundamentales como la intimidad, el buen nombre o la honra de las personas involucradas.
En casos donde se sospeche que se han vulnerado derechos fundamentales, podría ser posible solicitar una investigación, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios legales. Por ejemplo, si las filtraciones incluyen información reservada que comprometa el debido proceso o la presunción de inocencia, esto podría justificar una acción legal. Además, la responsabilidad social de los medios implica que deben garantizar la veracidad y el respeto por los derechos de los sujetos de la información.
