
Redacción Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó la detención y condena a más de ocho años de prisión del exsenador Charles William Schultz Navarro, exintegrante del Partido de La U, por su participación en un caso de tráfico de influencias y presunta extorsión relacionado con una empresa privada de seguridad.
Según la sentencia, Schultz utilizó su posición como congresista para ejercer presiones indebidas sobre funcionarios de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de favorecer a la cooperativa de seguridad Coop. Reservis C.T.A., cuyo permiso de funcionamiento había sido negado por la entidad reguladora.
El fallo de la Sala de Primera Instancia, emitido en septiembre de 2024 y ahora confirmado, establece que el exlegislador gestionó una reunión directa con el superintendente de la época con el objetivo de intervenir en un recurso de reposición que se encontraba en trámite. La magistrada Blanca Barreto detalló que Schultz no solo intercedió, sino que lo hizo solicitando un trato “especial y prioritario” al expediente, en abierta contravención de los principios de imparcialidad administrativa.
“La calidad congresual que ostentaba Schultz Navarro resultó determinante en la celeridad inusual con que fue tramitado un proceso que normalmente habría enfrentado demoras significativas”, señala la sentencia. Testimonios de funcionarios de la Superintendencia confirmaron que, al momento de los hechos, existía un notable atraso en la resolución de licencias por congestión en el área jurídica.
La Corte también dejó constancia de que el exsenador era plenamente consciente de la ilegalidad de sus acciones, lo cual agravó su responsabilidad penal por afectar la integridad de la administración pública.
De acuerdo con el testimonio del entonces subgerente de la cooperativa, el caso tiene un componente aún más grave: Schultz habría enviado a un intermediario, identificado como Secundino Rodríguez, para exigir un pago de 300 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 75.000) a cambio de sus gestiones ante la Superintendencia. Grabaciones de reuniones en las que el emisario transmitía las exigencias económicas del exsenador fueron aceptadas como evidencia en el proceso judicial.
Charles Schultz Navarro deberá ahora cumplir la pena impuesta por los delitos de tráfico de influencias y concusión, en un caso que vuelve a poner en evidencia los riesgos de captura institucional y corrupción en la política colombiana.