Crisis en el Catatumbo: gobierno y fuerza pública enfrentan desafíos tras el levantamiento del estado de conmoción interior
GMTV Productora Internacional 
Tras el levantamiento del estado de conmoción interior en el Catatumbo, el gobierno colombiano y el Ministerio de Defensa han implementado un plan integral para abordar la grave situación de orden público que aqueja a esta región del norte de Santander. La presencia de grupos armados ilegales, especialmente el ELN y disidencias de las FARC, sigue generando desplazamientos masivos, confinamiento de comunidades y violaciones a los derechos humanos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha anunciado siete estrategias clave para la estabilización de la región, incluyendo un enfoque en el fortalecimiento institucional, operativos militares y policiales, y la protección de avances sociales logrados durante el estado de excepción. Entre estas medidas también se incluye la asignación de un comandante militar encargado de coordinar las operaciones en el terreno.
Por su parte, el gobierno central ha dispuesto una extensión de 11 decretos legislativos vigentes por 90 días más, que incluyen apoyo humanitario a los desplazados, incentivos para pequeños productores agropecuarios y programas de sustitución de cultivos ilícitos. También se han priorizado proyectos de infraestructura social, como acceso al agua potable, vivienda digna y transporte público para mejorar las condiciones de vida en la región.
Adicionalmente, las fuerzas armadas han intensificado su presencia, especialmente en zonas rurales donde el riesgo de desplazamiento y confinamiento sigue latente. Estas acciones buscan frenar las actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico y la minería ilegal, que son fuentes de financiamiento para los grupos armados.
Aunque estas medidas han generado cierta esperanza en las comunidades afectadas, la situación sigue siendo compleja. Líderes sociales han solicitado mayor protección y la garantía de que las inversiones sociales sean sostenibles a largo plazo, para evitar que las comunidades regresen a condiciones de vulnerabilidad una vez superada la crisis inmediata.
