Crónica de una justicia que nunca fue: los padrinos del Caribe confiesan (sin riesgo de condena)
GMTV Productora Internacional 
El exsenador Álvaro Ashton prendió el ventilador ante la JEP y salpicó a medio Caribe político. Pero en Colombia, donde el Congreso elige las Cortes, las Cortes blindan al Congreso y la justicia trabaja por turnos, confesar sigue siendo el camino más corto hacia la absolución.
Ashton habló de pactos entre paramilitares, empresarios y políticos costeños.
Señaló a Efraín Cepeda, Julio Gerlein, Armando Benedetti y varios exalcaldes.
Mencionó logias masónicas, universidades y hospitales infiltrados.
La JEP escuchó, la Corte anotó y la Fiscalía archivará… probablemente.
La Mosca en la Sopa
Por estos días, en Colombia, la justicia parece una novela de realismo mágico escrita por los mismos que deberían estar presos. En el más reciente capítulo, el exsenador liberal Álvaro Ashton decidió abrir la boca ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y soltar una lista de nombres tan larga que bien podría ser el directorio telefónico del poder en el Caribe.
Con la solemnidad de quien se sabe culpable pero también protegido, Ashton reveló ante los magistrados un secreto que todos conocían: que la política, la economía y el paramilitarismo bailaron juntos durante años al son de la misma tambora. Y que los padrinos de la fiesta no eran precisamente desconocidos.
Entre copas de impunidad y contratos públicos, Ashton mencionó a viejos compañeros de coctel: Efraín Cepeda Sarabia, Julio Gerlein, David Char Navas, y otros próceres de la democracia costeña. Según él, todos participaron de acuerdos, guiños y silencios con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC. No lo dijo con rencor, más bien con la tranquilidad de quien sabe que, en Colombia, confesar delitos es solo otra forma de hacer relaciones públicas.
El exsenador detalló cómo los paramilitares y los políticos se repartieron el poder en Barranquilla y Soledad. “Todos ayudábamos —dijo sin rubor— a que del presupuesto nacional se aprobaran partidas que terminaban financiando proyectos manejados por el Frente José Pablo Díaz”. Traducido: los impuestos del pueblo costeño sirvieron para financiar las masacres y el control político de los mismos que decían defender la patria.
La JEP, en un gesto heroico de fe institucional, decidió mantenerlo en el proceso, alegando que sus declaraciones “aportan al esclarecimiento de la verdad regional”. Una verdad que, curiosamente, siempre se esclarece pero nunca condena a nadie.
Ashton, iluminado por el arrepentimiento postergado, mencionó también al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, como promotor de artículos en la Ley de Justicia y Paz que favorecían a las AUC. Según él, Benedetti fue un auténtico defensor del “perdón y olvido con beneficios”, una especie de gestor de indulgencias modernas.
Por si fuera poco, el exsenador recordó cómo desde la Alcaldía de Barranquilla se tejían los hilos de la cooptación institucional. Allí aparecieron los nombres del exalcalde Guillermo Hoenisberg, su jefe de Planeación José Pérez Orozco y el empresario David Name Terán, el mismo que, según Ashton, ayudó a fundar una logia masónica donde se reunían políticos, paramilitares y militares para “rediseñar el país”.
Sí, una logia. No un partido, ni una ONG, sino un club selecto donde coincidían alias Don Antonio, comandantes del Ejército y empresarios de saco fino. Todos juntos, rezando por la “refundación de la patria”, mientras aseguraban contratos y controlaban universidades, hospitales y empresas públicas.
El toque de ironía es que Ashton pidió perdón. Dijo que fue “una decisión deliberada”, como quien confiesa haberse comido el último pedazo de torta, no haber colaborado con grupos armados ilegales que bañaron de sangre la Costa.
Pero lo más fascinante de esta tragicomedia no está en los nombres, sino en la coreografía perfecta de la impunidad. Ashton habló, la JEP escuchó, las cortes anotaron, y el país bostezó. Porque aquí todos se investigan entre sí, pero nadie se toca.
El Congreso, que elige a las Cortes, se asegura de tener magistrados agradecidos. Las Cortes, que procesan a los políticos, aplican la justicia con el mismo cuidado con que se sirve un whisky en el Club El Nogal. Y la justicia, pobre de ella, está condenada a ser un mito urbano, un espejismo constitucional.
Mientras tanto, los nombres de Cepeda, Gerlein, Char, Benedetti, Hoenisberg y compañía reposan en los archivos de la Fiscalía y la Corte Suprema, donde los expedientes se acumulan como polvo sobre los retratos de los próceres.
El pueblo, siempre paciente, vuelve a creer que esta vez sí habrá justicia. Que alguien pagará por décadas de corrupción y sangre. Pero los más curtidos saben que eso no pasará: en Colombia, los pecados se confiesan, se televisan y luego se olvidan. Así se escribe la historia reciente del Caribe colombiano: con fiscales que no acusan, jueces que meditan y políticos que se confiesan sin culpa. Un país donde la justicia es como el WiFi en los estratos bajos: todos la mencionan, pocos la tienen y nunca funciona cuando más se necesita.
