
Redacción Judicial
Barranquilla, Colombia – En un operativo realizado en la tarde del lunes 19 de mayo de 2025, agentes del CTI de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía Nacional capturaron a Dayana Jassir De la Hoz, quien había sido condenada a 57 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el asesinato de su esposo, Eduardo Pinto Viloria, ocurrido el 4 de mayo de 2016 en Barranquilla.
Un crimen que conmocionó a Barranquilla
Eduardo Pinto Viloria, quien en ese momento se desempeñaba como director regional del Instituto Nacional de Medicina Legal, fue atacado en su residencia en el barrio Cevillar. Aunque fue trasladado con vida a la Clínica Murillo, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Inicialmente, el caso fue tratado como un robo violento, pero las investigaciones revelaron que se trató de un homicidio premeditado, en el que Dayana Jassir fue identificada como coautora intelectual del crimen.
Un proceso judicial lleno de giros
El caso de Dayana Jassir ha sido uno de los más polémicos en la historia judicial reciente de Colombia. Fue capturada en junio de 2016, pero liberada en 2018 por vencimiento de términos, lo que generó indignación entre la familia de la víctima. En noviembre de 2023, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Barranquilla la absolvió por falta de pruebas suficientes, pero la Fiscalía apeló la decisión. Finalmente, el Tribunal Superior de Barranquilla revocó la absolución y dictó una condena ejemplar en mayo de 2025, ordenando su captura inmediata.
La captura y el futuro de la condenada
La detención de Jassir se llevó a cabo en una vivienda del barrio El Ferry, en el municipio de Soledad, Atlántico, mediante un allanamiento ordenado por el Tribunal. Tras su captura, fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla, donde deberá cumplir su condena sin posibilidad de beneficios como casa por cárcel o libertad condicional.
Reacciones y cierre del caso
Para la familia de Eduardo Pinto, la captura de Dayana Jassir representa un paso hacia la justicia en un caso que tardó casi una década en resolverse. Mientras tanto, la condenada ha manifestado que seguirá luchando por demostrar su inocencia, aunque las pruebas en su contra han sido contundentes.