Cuando la fuerza destruye el orden: el mensaje peligroso de Washington en Venezuela

Redacción Política y Justicia Internacional

La madrugada del 3 de enero de 2026 quedará inscrita en los anales de la historia como un punto de inflexión —y no para bien— en las relaciones internacionales del siglo XXI. En una audaz operación militar, fuerzas estadounidenses realizaron un ataque a gran escala en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a territorio estadounidense para enfrentar cargos criminales. El presidente Donald Trump describió el operativo como un triunfo de la justicia y la seguridad nacional, pero sus efectos repercuten mucho más allá de Caracas, e incluso fuera de Washington.

En la narrativa oficial, el gobierno estadounidense presentó la acción como una misión judicial apoyada por inteligencia y fuerzas especiales para capturar a líderes de lo que llamó una organización “narco-terrorista”. Pero las capas más profundas de este episodio revelan una decisión estratégica con implicaciones geopolíticas de largo alcance y un cuestionamiento fundamental de los principios que han regido el orden internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo que está claro es que la operación no tiene mandato alguno de la comunidad internacional. No hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni de organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA). De acuerdo con juristas especializados en derecho internacional, una incursión militar para capturar a un jefe de Estado soberano constituye una violación evidente del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza salvo en legítima defensa o con autorización expresa del Consejo.

Pese a los argumentos internos del Ejecutivo, muchos expertos consideran que la justificación legal es débil o inexistente. Según analistas de instituciones como Chatham House, la operación representa un precedente peligroso que erosiona normas fundamentales sobre soberanía y no intervención. Que Washington afirme ahora que puede “administrar” y “cambiar” gobiernos bajo pretextos de seguridad genera un inquietante paralelismo con intervenciones pasadas que han dejado secuelas duraderas en otras regiones del mundo.

Una opinión pública global en rechazo

La respuesta internacional fue casi inmediata y predominantemente crítica. Organizaciones multilaterales, líderes europeos y gobiernos de América Latina expresaron profunda preocupación por la flagrante violación de la soberanía venezolana. El Secretario General de la ONU advirtió que la acción sienta un precedente peligroso y socava la estabilidad regional. Países como Brasil, México y varias capitales europeas condenaron la operación, subrayando que ningún cambio político duradero puede ser impuesto desde el exterior.

Incluso aliados tradicionales de Washington, aunque preocupados por el legado de Maduro, matizaron su apoyo con llamados al respeto del derecho internacional y a soluciones negociadas. El rechazo no es trivial: el debilitamiento de la legitimidad americana en los foros globales se mide en capital político perdido con cada país que ve en la acción una “invasión” disfrazada de justicia.

Rusia y China: no solo palabras, sino realineamientos

Para potencias como Rusia y China, la operación estadounidense en Venezuela no es solo un agravio diplomático sino una oportunidad para recalibrar alianzas y proyectar liderazgo alternativo. Moscú denunció el ataque como “agresión” y respaldo la soberanía venezolana, mientras Beijing calificó el golpe como un acto hegemonista y peligroso para la paz regional.

Analistas geopolíticos coinciden en que Pekín y Moscú usarán esta crisis como argumento para reforzar sus discursos contra lo que perciben como unilateralismo estadounidense. Ya se anticipa que China podría intensificar su cooperación con gobiernos que buscan distanciarse de Washington, especialmente en Latinoamérica y África, mientras que Rusia continuará su papel de contrapeso estratégico en ámbitos como energía y seguridad.

El efecto sobre las jurisdicciones internas de EE. UU.

Dentro de Estados Unidos, las repercusiones para Trump no terminan en el extranjero. La operación llega en medio de múltiples investigaciones judiciales que enfrentan al expresidente ante tribunales por diversos cargos. Aunque la acción militar puede fortalecer su narrativa de liderazgo duro frente a amenazas, también podría ser usada por fiscales y opositores como evidencia de un patrón de conducta que viola normas constitucionales y democráticas. El uso del poder militar sin aprobación del Congreso es, en sí mismo, un punto de controversia que puede alimentar debates legales internos sobre la separación de poderes y rendición de cuentas.

¿Un riesgo creciente para la paz mundial?

Finalmente, el mensaje que envía este episodio no es trivial. Si las grandes potencias perciben que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza en su hemisferio sin mandato internacional, otras pueden sentirse legitimadas para hacer lo mismo en sus regiones. El resultado sería un erosión del orden multilateral, con mayores tensiones en Asia Oriental, Europa del Este y el Medio Oriente.

En un mundo ya atravesado por crisis múltiples —climáticas, económicas y de seguridad— esta operación puede quedar como un símbolo de un retorno a la política del poder bruto, en detrimento de la diplomacia y la cooperación. El costo de este episodio apenas comienza a medirse, y está por verse si la comunidad internacional será capaz de reforzar las reglas que intentan preservar la paz y la estabilidad globales.

Adenda:  ¿Operación limitada o invasión para quedarse? El dilema que abre la poscaptura

Uno de los elementos más inquietantes tras la captura de Nicolás Maduro no fue la operación en sí, sino lo que vino después. En la rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sugirió que Estados Unidos asumiría un “rol de estabilización temporal” en Venezuela para garantizar una transición política y evitar un “vacío de poder”. Esa frase, cuidadosamente ambigua, abrió una pregunta central para la comunidad internacional: ¿se trató de una operación puntual o del inicio de una ocupación de facto?

Para numerosos expertos en derecho internacional y seguridad hemisférica, la diferencia no es semántica, sino jurídica y política. “En el momento en que una fuerza extranjera permanece en el territorio, administra funciones de seguridad o influye directamente en la reorganización del poder interno, deja de ser una operación y pasa a ser una invasión”, señala un exfuncionario del Departamento de Estado especializado en América Latina. Bajo ese criterio, cualquier permanencia militar estadounidense —aun bajo el argumento de transición— agravaría la violación del principio de soberanía.

Las consecuencias para la gobernabilidad venezolana son profundas e inmediatas. Sin Maduro, el aparato estatal —ya debilitado— enfrenta un colapso de autoridad. Funcionarios venezolanos que no fueron detenidos ni depuestos han denunciado lo que califican como un “quiebre total del orden constitucional”. Voceros de la Asamblea Nacional electa y de sectores del chavismo no alineados con Maduro coinciden, paradójicamente, en un punto: ningún proceso de reconstrucción institucional será legítimo si se percibe como tutelado por una potencia extranjera.

Desde la oposición venezolana, el tono es más dividido. Algunos dirigentes celebran el fin del liderazgo de Maduro, pero advierten que una transición impuesta desde Washington podría deslegitimar cualquier nuevo gobierno antes incluso de nacer. “La salida del autoritarismo no puede convertirse en una sustitución de soberanía”, afirmó un exembajador venezolano ante organismos multilaterales. “Eso solo alimentaría nuevas formas de conflicto interno”.

Analistas regionales subrayan que el riesgo no es solo político, sino social y territorial. Venezuela es un país con presencia activa de actores armados irregulares, redes criminales y una fractura institucional profunda. Una autoridad transitoria sin reconocimiento amplio —o percibida como dependiente de fuerzas extranjeras— podría enfrentar resistencia armada, fragmentación territorial y un agravamiento de la crisis humanitaria.

En este contexto, la afirmación de Trump sobre “quedarse hasta que Venezuela esté segura” adquiere un peso alarmante. La historia reciente demuestra que las ocupaciones indefinidas, aun cuando comienzan con promesas de orden y reconstrucción, suelen derivar en prolongados conflictos de legitimidad. Para Venezuela, el riesgo no es solo el vacío que deja Maduro, sino la forma en que ese vacío se llena. La pregunta, entonces, ya no es únicamente qué ocurrió en la operación inicial, sino qué modelo de poder emergerá después. Y, sobre todo, si el remedio impuesto desde el exterior terminará profundizando la enfermedad que decía venir a curar.