
Redacción Judicial
Bogotá, Colombia – Con la finalización de la etapa probatoria este 17 de junio, el juicio penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal entra en su recta final. El proceso, que ha captado la atención nacional e internacional, se reanudará el 24 de junio con los alegatos de conclusión ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.
Durante más de un año de audiencias, la Fiscalía presentó 44 testigos, mientras que la defensa del exmandatario convocó a cerca de 70, entre ellos peritos forenses, exfuncionarios judiciales y testigos vinculados a procesos paralelos. Esta cifra refleja la magnitud del caso y la complejidad de las acusaciones, que giran en torno al supuesto intento de Uribe de influir en testimonios clave para favorecer su imagen frente a denuncias de vínculos con grupos paramilitares.
Uno de los momentos más relevantes fue la intervención del perito en informática forense Daniel Ríos Sarmiento, quien analizó grabaciones realizadas por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve con relojes espía desde la cárcel La Picota. La defensa también incorporó como prueba un fallo judicial que negó beneficios penitenciarios a Monsalve, argumentando que este habría negociado su testimonio a cambio de reducciones de pena.
¿Culpable o inocente? Lo que dicen los expertos
Juristas consultados por medios colombianos coinciden en que el caso presenta elementos probatorios complejos y contradictorios. Mientras algunos penalistas consideran que la Fiscalía ha logrado establecer un patrón de conducta que podría derivar en una condena por soborno y fraude procesal, otros sostienen que la defensa ha sembrado dudas razonables sobre la credibilidad de los testigos clave, especialmente Monsalve, cuya motivación ha sido cuestionada por su historial judicial y beneficios obtenidos.
El hecho de que la Procuraduría General —órgano independiente del Ejecutivo— haya anticipado su intención de solicitar la absolución del expresidente refuerza la percepción de que el fallo podría inclinarse hacia la no culpabilidad. Sin embargo, la decisión final dependerá de la valoración que haga la jueza Sandra Liliana Heredia de los alegatos y pruebas presentadas.
Un juicio con eco internacional
Este proceso no solo es histórico por ser el primero en el que un expresidente colombiano enfrenta un juicio penal en calidad de acusado, sino también por su impacto en la percepción internacional sobre el estado de derecho en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han seguido de cerca el caso, que pone a prueba la independencia judicial en un país con una historia marcada por la impunidad de figuras de alto perfil.
El veredicto, que podría conocerse en las próximas semanas, será apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sea cual sea el resultado, marcará un precedente en la región sobre la rendición de cuentas de líderes políticos ante la justicia.