¿Debería Gustavo Petro buscar la reelección? El debate sobre las trabas institucionales, las reformas bloqueadas y el espejo latinoamericano de los presidentes perpetuos

Redacción internacional – Análisis político desde América Latina

En América Latina, las reformas constitucionales para permitir la reelección presidencial indefinida han sido una constante en momentos de alta polarización política y desgaste institucional. Hoy, esa conversación vuelve a la palestra con un nuevo protagonista: Colombia.

En medio de un clima de tensión entre el presidente Gustavo Petro y los poderes Legislativo y Judicial, algunos sectores del oficialismo y de la opinión pública se preguntan si, ante los reiterados bloqueos a su agenda de reformas sociales, fiscales y ambientales, Petro debería considerar abrir el camino a una posible reelección, aun cuando la Constitución lo prohíbe.

Las comparaciones con otros países de la región no se hacen esperar. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele logró —gracias a una mayoría legislativa y decisiones judiciales alineadas— que se habilitara su reelección indefinida. Lo mismo ocurrió antes en Venezuela con Hugo Chávez, en Bolivia con Evo Morales y en Nicaragua con Daniel Ortega. Cada uno, en su momento, reformó las reglas de juego para mantenerse en el poder más allá de los límites constitucionales.

La pregunta que ronda hoy el Palacio de Nariño —aunque no ha sido formulada públicamente por Petro— es: ¿debe un mandatario persistir en su proyecto político cuando los mecanismos institucionales democráticos le impiden avanzar?

Petro contra el Congreso: una democracia bloqueada

Desde su llegada al poder en 2022, Petro ha chocado con una arquitectura de poder que limita su capacidad de transformación. Su agenda —que incluye una reforma a la salud, al sistema pensional, la transición energética y una política de “paz total” con actores armados— ha sido desmantelada, ralentizada o archivada por un Congreso dominado por sectores tradicionales y cortes que han fallado en contra de varias iniciativas claves.

“No es un Congreso opositor ideológico, sino un Congreso clientelar que negocia burocracia a cambio de gobernabilidad”, señaló recientemente un analista del Instituto de Estudios Políticos de Bogotá.

En las últimas semanas, incluso algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han sido interpretadas por el Ejecutivo como obstáculos deliberados. Petro, a través de sus redes sociales, ha hablado de un “golpe blando”, en referencia a las decisiones judiciales que afectan directamente a sus reformas estructurales.

¿Hacia una reelección en nombre del pueblo?

En América Latina, la idea de reelección ha sido justificada con un argumento recurrente: el pueblo debe tener el derecho de decidir si un líder debe continuar o no.

Ese fue el discurso de Chávez, cuando en 2009 impulsó una enmienda para la reelección indefinida en Venezuela. También fue el argumento de Evo Morales, cuando, a pesar de perder un referéndum, logró que el Tribunal Constitucional de Bolivia lo habilitara para una tercera y luego una cuarta reelección. Bukele, por su parte, sostiene que el “pueblo salvadoreño debe tener la última palabra” y que criticarlo por seguir ese camino es hipocresía occidental.

Petro, por ahora, ha evitado referirse directamente a la posibilidad de modificar la Constitución. Pero desde sectores alternativos cercanos al Pacto Histórico se ha comenzado a esbozar el debate: ¿es legítimo cambiar las reglas si el Congreso y las cortes bloquean sistemáticamente un mandato popular?

“El poder popular no puede estar supeditado al poder de las élites judiciales”, escribió recientemente un líder sindical, cercano al petrismo, en un artículo de opinión. “Si no dejan gobernar, habrá que pensar en nuevos caminos”.

Los riesgos de la continuidad sin límites

Sin embargo, la experiencia regional muestra que los caminos hacia la reelección indefinida, aun cuando son respaldados por amplios sectores populares, tienen costos institucionales severos.

“Cada vez que un presidente en América Latina modifica la Constitución para reelegirse, erosiona la independencia de los poderes y aumenta los niveles de concentración”, explica Mario Torrico, politólogo de FLACSO en México. “Cuando se pasa de la reelección inmediata a la indefinida, el régimen entra en una etapa de autocratización”.

Los casos de Venezuela y Nicaragua son emblemáticos. En ambos países, la reelección sin límite ha desembocado en regímenes autoritarios, con persecución a la oposición, control de los medios y cierre del sistema electoral. En Ecuador y Bolivia, tras intentos similares, se revirtió la medida con el tiempo, pero no sin profundas crisis institucionales.

Colombia, a diferencia de otros países de la región, cerró el camino a la reelección tras la experiencia de Álvaro Uribe. La Corte Constitucional bloqueó en 2010 un intento para habilitar su tercer mandato, consolidando una tradición democrática que hoy vuelve a estar en discusión.

¿Una reelección para proteger las reformas?

Los defensores de una posible reelección para Petro sostienen que su gobierno no ha tenido el tiempo suficiente para consolidar un modelo alternativo, que desmonte el legado neoliberal de décadas anteriores. Frente a ese argumento, sus críticos responden que una democracia no puede depender de una sola figura política, por carismática o transformadora que sea.

“El problema no es si Petro debería reelegirse, sino por qué en Colombia no hemos logrado construir una institucionalidad que permita implementar reformas sin necesidad de depender de un caudillo”, dice Laura Gil, internacionalista y columnista política.

Por ahora, el debate sobre la reelección en Colombia sigue siendo hipotético. Pero si las reformas siguen bloqueadas, si las cortes siguen fallando en contra del gobierno, y si las encuestas siguen mostrando una base sólida de apoyo al presidente, la pregunta dejará de ser retórica.

Y entonces, como advirtió alguna vez Mark Twain, la historia tal vez no se repita… pero podría rimar.