Desplazamiento masivo en Jamundí por combates entre Ejército y disidencias: más de 320 personas buscan refugio
GMTV Productora Internacional 
Redacción ORDEN PUBLICO NACIONAL
Jamundí, Valle del Cauca. Los enfrentamientos armados entre el Ejército Nacional y el grupo armado ilegal ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc, han provocado un nuevo desplazamiento masivo en el sur del Valle del Cauca. Más de 320 personas provenientes del corregimiento de Ampudia y la vereda La Pradera llegaron al casco urbano del municipio de Jamundí, donde son atendidas en el Coliseo de Alfaguara mediante la activación del Plan de Contingencia para Desplazamientos Masivos.
De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, al menos 327 personas —entre ellas niños, mujeres y adultos mayores— han sido evacuadas de sus territorios debido a los constantes combates. La administración municipal activó los protocolos humanitarios y de emergencia a través de sus diferentes secretarías, con apoyo del Banco de Alimentos de Cali, que entregó más de 300 kits de aseo y tres toneladas de alimentos.
A pesar de la ayuda, las necesidades siguen siendo críticas. Las autoridades han hecho un llamado urgente a la ciudadanía para donar pañales, ropa para bebés y niños, así como otros elementos de primera necesidad.
Contexto de seguridad en Jamundí y el suroccidente del país
Desde 2023, las Fuerzas Militares han incrementado su presencia en esta región estratégica del Valle del Cauca ante el avance territorial de las disidencias de las Farc. El Ejército ha adelantado operaciones ofensivas en las zonas rurales de Jamundí, especialmente en límites con el departamento del Cauca, donde se han instalado bases móviles y realizado intervenciones aéreas y terrestres. La Policía Nacional también ha reforzado el patrullaje en el casco urbano y ha establecido puestos de control en las vías principales.
A pesar de estas acciones, la ofensiva de los grupos armados ilegales continúa generando graves afectaciones humanitarias, especialmente en comunidades campesinas y afrodescendientes. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas sobre el riesgo de desplazamiento, reclutamiento forzado y enfrentamientos en zonas pobladas.
“Jamundí está al borde de volverse incontrolable”: alerta desde el sector económico
La crisis de seguridad también preocupa al sector productivo del Valle del Cauca. Edwin Maldonado, analista económico regional, advirtió que la violencia está destruyendo empleos, ahuyentando inversiones y afectando la estabilidad de la región.
“La situación es insostenible. Lo que ocurre en Jamundí no solo refleja el accionar de los grupos armados, sino también el abandono del Estado y la falta de una política integral de seguridad y desarrollo en los territorios”, señaló Maldonado, quien además hizo un llamado al Gobierno Nacional a tomar acciones urgentes. “El Valle del Cauca merece tranquilidad. No podemos permitir que el miedo siga siendo el pan de cada día”, puntualizó.
En contexto
Violencia en Jamundí: el drama humano de un conflicto que paraliza comunidades y economías locales
Mientras más de 320 personas desplazadas intentan rehacer sus vidas temporalmente en un coliseo de Jamundí, el trasfondo de la crisis revela una situación estructural de abandono estatal, violaciones a los derechos humanos y deterioro económico en el sur del Valle del Cauca.
Los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y el grupo armado ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc, que operan entre Valle y Cauca, han puesto en evidencia la creciente fragilidad del control territorial en esta zona estratégica. Las comunidades afectadas denuncian intimidaciones, confinamientos y desplazamientos forzados, hechos que configuran una grave crisis humanitaria.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han alertado sobre el aumento del riesgo para líderes sociales, el reclutamiento forzado de menores y el uso de minas antipersonal en zonas rurales. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han emitido múltiples advertencias desde 2023, sin que se logre contener la expansión de los grupos armados.
“Las familias no solo pierden su tierra, también pierden su dignidad”
Para quienes han debido huir de sus hogares en Ampudia y La Pradera, el impacto no es solo físico. La ruptura del tejido social, la pérdida de medios de vida (principalmente cultivos y ganado), y la incertidumbre sobre un retorno seguro, agravan la vulnerabilidad de cientos de familias campesinas. Muchas de ellas sobreviven ahora con ayuda humanitaria intermitente y condiciones precarias.
“Las familias no solo pierden su tierra, también pierden su dignidad. La mayoría no tiene recursos ni redes en la ciudad. Quedan expuestas al hambre, a la informalidad laboral y, muchas veces, a nuevos ciclos de violencia”, señala una vocera de una organización de atención psicosocial en el municipio, que pidió reserva de su identidad por razones de seguridad.
Economía estancada y miedo como factor dominante
En paralelo, el sector productivo en Jamundí vive un estancamiento severo. Empresas locales denuncian extorsiones, dificultades para movilizar mercancía y pérdida de trabajadores que han debido huir. En 2024, varios proyectos agrícolas comunitarios quedaron paralizados por amenazas de grupos armados.
“Las inversiones privadas han bajado, el comercio está estancado y muchos empresarios prefieren irse a otras zonas. Mientras no haya garantías de seguridad y justicia, será imposible hablar de desarrollo”, advirtió Edwin Maldonado, analista económico.
Además, la inestabilidad ha provocado un aumento en el desempleo juvenil y en los índices de pobreza multidimensional, afectando especialmente a los corregimientos rurales de Jamundí.
El llamado pendiente: una respuesta integral
Diversas voces coinciden en que la respuesta del Gobierno Nacional debe ir más allá del despliegue militar. “Necesitamos una política territorial integral que incluya educación, salud, inversión en infraestructura, justicia transicional y participación ciudadana real. De lo contrario, el conflicto se recicla”, declaró un representante de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA). Mientras tanto, la comunidad internacional, ONG y líderes sociales siguen exigiendo protección para la población civil y garantías de retorno seguro para los desplazados. El futuro de Jamundí y de cientos de familias dependerá de si el Estado logra recuperar el control no solo con armas, sino con oportunidades.
