Editorial: El fraude con marca “Registraduría” y la urgencia de una Constituyente
GMTV Productora Internacional 
Por Gustavo Melo Barrera – GMTV Productora Internacional
“La crisis institucional que atraviesa Colombia, marcada por decisiones del CNE, el Congreso y las altas cortes que afectan directamente al gobierno y al Pacto Histórico, refleja un pulso de poder que amenaza con socavar la legitimidad democrática. La pregunta de fondo es si la Constitución de 1991 ofrece herramientas para frenar un eventual fraude electoral y abrir paso a una Constituyente convocada por el pueblo.”
La democracia colombiana se encuentra en un punto de quiebre. Las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Congreso, avaladas por sectores de las altas cortes, han puesto en entredicho la participación de los partidos afines al proyecto del cambio en las elecciones del 8 de marzo. El boicot a las listas de candidatos no es un simple trámite administrativo: es la expresión de un desespero político de la oposición, consciente de que el veredicto de las urnas les será adverso.
El patrón de ilegitimidad
El fallo del CNE contra la campaña presidencial de 2022, sancionada por supuestas irregularidades en los topes de gasto, se convirtió en un precedente que hoy se utiliza como arma política para deslegitimar al gobierno en ejercicio. A ello se suma la instrumentalización de las cortes, que bajo el argumento de “defender la institucionalidad”, terminan alineándose con un Congreso que ha perdido credibilidad ante la ciudadanía.
La registraduría (hoy en manos de la mafia) , encargada de garantizar la transparencia del proceso electoral, aparece ahora como el epicentro de las sospechas. Organizaciones de derechos políticos internacionales han advertido que la manipulación de los registros y la exclusión de listas constituyen una forma de **fraude institucionalizado**, disfrazado de legalidad.
¿Qué dice la Constitución de 1991?
La Constitución Política de 1991 fue concebida como un pacto ciudadano para blindar la democracia frente a los abusos del poder. Sin embargo, constitucionalistas internacionales señalan que “no existe un mecanismo directo para suspender elecciones” convocadas por la autoridad electoral. Lo que sí contempla es la posibilidad de una “Asamblea Constituyente”, convocada mediante ley aprobada por el Congreso o por iniciativa popular, siempre que se cumplan los requisitos de participación y refrendación ciudadana.
El jurista español Manuel Aragón Reyes, consultado por medios académicos, advierte que “la suspensión de elecciones sin un marco legal claro sería un golpe a la democracia, pero la convocatoria de una Constituyente puede ser legítima si surge de un mandato popular directo”. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado que cualquier alteración del calendario electoral debe estar sustentada en garantías de participación y no en decisiones discrecionales de órganos cuestionados.
La mirada internacional
Expertos de la International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) sostienen que el caso colombiano refleja un patrón común en democracias frágiles: cuando las élites perciben que perderán el poder, recurren a estrategias judiciales y administrativas para limitar la competencia electoral. En palabras de la politóloga canadiense Jennifer McCoy, “la erosión democrática no siempre se da por golpes militares, sino por el uso de instituciones para excluir adversarios”.
Organizaciones de derechos políticos como Transparencia Electoral han alertado que la exclusión de listas y la manipulación de registros constituyen una forma de fraude anticipado, que busca condicionar el resultado antes de que los ciudadanos voten.
¿Qué hacer?
La respuesta no es sencilla. Detener las elecciones del 8 de marzo desde la Constitución de 1991 es jurídicamente inviable sin un consenso político amplio. Pero lo que sí es posible es convocar a una Constituyente, impulsada por el pueblo, que redefina las reglas del juego y garantice que la democracia no sea secuestrada por las élites.
El camino pasa por:
– Movilización ciudadana masiva, que exija garantías electorales reales.
– Iniciativa popular legislativa, para abrir el debate sobre una Constituyente.
– Acompañamiento internacional, que documente y denuncie las irregularidades.
– Defensa jurídica, utilizando las acciones de tutela y mecanismos de participación previstos en la Constitución.
Conclusión
Colombia enfrenta un dilema histórico: aceptar unas elecciones viciadas de ilegitimidad o abrir paso a un nuevo pacto social. La Constitución de 1991 fue un faro democrático, pero hoy requiere ser revitalizada por el pueblo. La Constituyente no es un capricho, sino una necesidad para rescatar la soberanía ciudadana frente a un fraude con marca “registraduría”.
La democracia no puede ser rehén de quienes temen perder en las urnas. El pueblo colombiano tiene en sus manos la posibilidad de decidir si quiere seguir bajo el yugo de las élites o construir un nuevo horizonte de participación y justicia política.
