Editorial: ¿Quién tiene la razón jurídica en la disputa por la consulta popular?
GMTV Productora Internacional 
Por Editor en Jefe
La reciente confrontación entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso en torno a la consulta popular sobre condiciones laborales ha desencadenado una polémica jurídica que merece una revisión profunda. ¿Quién tiene la razón? ¿Es el Ejecutivo quien actúa conforme a la ley al expedir el decreto, o es el Legislativo quien defiende la institucionalidad al impugnarlo?
El argumento del Gobierno
Desde la Casa de Nariño se ha insistido en que la consulta popular cuenta con un respaldo normativo, específicamente el Artículo 33 de la Ley 1757 de 2015. Según el gobierno, esta disposición otorga al presidente la facultad de convocar a consulta si el Senado no se pronuncia sobre el concepto previo, independientemente de si la votación es favorable o desfavorable. Para Petro y sus asesores jurídicos, esta vía no representa un desconocimiento de la separación de poderes, sino una herramienta legítima para garantizar que las reformas laborales sean decididas por la ciudadanía.
La postura del Congreso
Por su parte, el Senado, con el respaldo de sectores políticos opositores, considera que la expedición del decreto de consulta popular vulnera la independencia de poderes. Para los críticos, el intento de Petro de llevar la discusión directamente al pueblo constituye un desafío a la autoridad legislativa, que ya hundió la iniciativa el pasado 14 de mayo. Algunos congresistas han equiparado este movimiento con un “golpe institucional”, argumentando que la capacidad del presidente para impulsar reformas laborales debe pasar por el trámite legislativo ordinario y no por mecanismos excepcionales.
El dilema jurídico
El núcleo del conflicto radica en la interpretación de la Ley 1757. Si bien el artículo mencionado sí concede la posibilidad de consulta en ciertos casos, la oposición sostiene que este mecanismo no puede imponerse sobre decisiones expresas del Congreso. Además, la anunciada demanda ante el Consejo de Estado abre un nuevo capítulo en la disputa: será este tribunal el que decida si el decreto del Ejecutivo se ajusta a la legalidad o si debe ser anulado.
Conclusión
La pregunta sobre quién tiene la razón jurídica en esta disputa no tiene una respuesta absoluta. El gobierno encuentra respaldo en una interpretación específica de la ley, mientras que el Congreso reclama su potestad constitucional de legislar sin interferencias. En última instancia, será la justicia colombiana quien tenga la última palabra, y su decisión no solo definirá el futuro de la consulta popular, sino que sentará un precedente sobre los límites del poder presidencial en una democracia constitucional.
