El drama de los desaparecidos de La Escombrera desata una tormenta legal internacional
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Redacción Justicia
31 de mayo de 2025 – Medellín, Colombia. La búsqueda de personas desaparecidas en “La Escombrera”, una de las fosas comunes urbanas más grandes de América Latina, ha escalado al ámbito internacional. Las familias de las víctimas han denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo que consideran una serie de obstáculos impuestos por el Estado colombiano para impedir el avance de las investigaciones y perpetuar su revictimización.
Disputa institucional en medio de la búsqueda de justicia
Desde hace varios años, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), un organismo creado en el marco del acuerdo de paz de 2016, ha trabajado en la zona con el objetivo de encontrar restos de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otro órgano del sistema transicional colombiano, asumió el control de las excavaciones tras el hallazgo de restos óseos. La JEP argumentó que el descubrimiento requería un enfoque judicial y no solo humanitario, lo que ha limitado el acceso de la UBPD al sitio y generado tensiones institucionales.
Uno de los casos más simbólicos es el de Arles Edisson Guzmán, desaparecido en 2003 durante la Operación Orión, una ofensiva militar contra grupos armados ilegales en Medellín. Aunque el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en 2023 y fue condenado por la desaparición, la falta de avances en la recuperación de cuerpos ha causado profunda frustración entre los familiares y organizaciones de derechos humanos.
La Corte Interamericana evalúa el caso
Ante la ausencia de resultados concretos y la creciente preocupación por la fragmentación institucional, colectivos de víctimas han presentado el caso ante la Corte IDH. Acusan al Estado colombiano de incumplir sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación. La intervención del tribunal podría sentar precedentes importantes sobre el derecho a la verdad y el trato a las familias de personas desaparecidas en contextos de conflicto armado.
Preocupación internacional y posible impacto regional
Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han expresado su preocupación por las condiciones en las que se desarrollan las excavaciones y por la falta de un enfoque coordinado entre las instituciones encargadas. La comunidad internacional ha instado al Gobierno colombiano a garantizar procesos transparentes, respetuosos y centrados en las víctimas.
La decisión que tome la Corte Interamericana podría redefinir el enfoque de justicia transicional en Colombia y servir como referencia para otros países de la región que enfrentan desafíos similares en la búsqueda de sus desaparecidos. El caso de La Escombrera, cargado de simbolismo y dolor, se ha convertido en un punto crítico en la lucha por la verdad y la justicia en América Latina.
