El G7 cede ante EE.UU. y debilita el impuesto mínimo global: un revés para la justicia tributaria y los países en desarrollo
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Redacción Economía Global
En una decisión que ha generado amplia controversia entre expertos fiscales, economistas del sur global y organismos multilaterales, los países del G7 acordaron recientemente una exención para las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global a las empresas, pactado en 2021 en el marco de la OCDE/G20. El acuerdo, que debía representar un punto de inflexión hacia la equidad tributaria internacional, corre el riesgo de convertirse en una herramienta vacía ante la presión de Washington y sus poderosos conglomerados empresariales.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos logró un entendimiento con sus pares del G7 que, en la práctica, neutraliza el efecto del Pilar Dos del acuerdo, diseñado para establecer una tasa mínima del 15 % sobre las ganancias de las grandes corporaciones globales. De esta forma, las multinacionales estadounidenses seguirán beneficiándose de vacíos fiscales, sin pagar impuestos significativos por ingresos registrados en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja tributación como Puerto Rico o las Islas Caimán.
Un retroceso en la cooperación tributaria internacional
El Pilar Dos fue concebido como una respuesta al fenómeno del “profit shifting” y la erosión de bases gravables, prácticas que permiten a las grandes empresas registrar utilidades en países con nula o baja tributación, a pesar de generar ingresos reales en otras jurisdicciones. Aunque el mecanismo tenía limitaciones —como su alcance solo a empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros y una tasa considerada baja por muchos países del sur global—, representaba un primer consenso global frente a la competencia tributaria desleal.
La nueva maniobra del G7, liderada por EE. UU., desarma la efectividad de ese consenso y debilita el sistema multilateral construido en el seno de la OCDE y el G20, que originalmente involucraba a más de 140 países. La decisión reafirma los privilegios fiscales de las potencias y deja en desventaja a las pequeñas y medianas empresas, tanto de países desarrollados como emergentes, que no tienen acceso a sofisticadas estructuras fiscales transnacionales.
¿Quién pierde?
De acuerdo con estimaciones de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), un impuesto mínimo verdaderamente efectivo podría generar más de 500.000 millones de dólares anuales si la tasa global se elevara al 25 %. Bajo la actual tasa del 15 %, se esperaban entre 155.000 y 192.000 millones de dólares, ingresos que habrían contribuido significativamente a financiar servicios públicos, transición ecológica y programas sociales, especialmente en economías con menor capacidad recaudatoria.
Al permitir que las multinacionales estadounidenses eviten esta obligación, el G7 reaviva la carrera hacia el abismo fiscal, donde los países compiten por ofrecer las condiciones más favorables para atraer inversión extranjera directa, a costa de su propia capacidad fiscal.
Reacciones desde el sur global: crítica de Ocampo y expertos latinoamericanos
Desde América Latina, figuras como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda de Colombia y actual miembro del ICRICT, han advertido que este tipo de concesiones fiscales contradicen los discursos oficiales de Estados Unidos y otros países del G7 sobre equidad, justicia tributaria y cooperación global.
“No se puede exigir a los países del sur que financien su desarrollo de manera sostenible mientras las potencias blindan a sus multinacionales de cumplir con mínimos fiscales. Es una doble moral económica”, ha señalado Ocampo en varios foros recientes, incluyendo la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU (FpD4) celebrada esta semana en Sevilla.
Ocampo y otros economistas advierten que el retiro de Estados Unidos del proceso de negociación de una convención fiscal multilateral en la ONU, así como su negativa a suscribir el “Compromiso de Sevilla”, socavan los esfuerzos multilaterales para establecer un nuevo orden tributario más equitativo.
Un modelo en crisis: ¿hacia una gobernanza fiscal liderada por la ONU?
El debilitamiento del Pilar Dos coincide con un renovado impulso desde la Asamblea General de la ONU para establecer una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional, que logre mayor representatividad y supere los desequilibrios históricos de la OCDE. El reciente boicot estadounidense al proceso de Sevilla, sin embargo, reafirma el intento de mantener el control fiscal global desde el norte económico, incluso a costa de sus propios compromisos previos.
La exclusión de países no pertenecientes al G7 del diseño final de este nuevo arreglo fiscal pone en duda la legitimidad del llamado “Marco Inclusivo”, cuyo carácter colaborativo ha quedado en entredicho. Para muchos economistas del sur global, esto equivale a una imposición unilateral por parte de una minoría económica, en contravía de los principios de equidad y desarrollo sostenible.
En resumen , La reciente concesión del G7 a las multinacionales estadounidenses marca un hito negativo en el camino hacia una arquitectura tributaria global más justa. Lejos de representar liderazgo, esta decisión acentúa la fragmentación del sistema fiscal internacional, profundiza la desigualdad entre países y resta legitimidad a las iniciativas multilaterales.
Para revertir este escenario, se requiere un nuevo pacto fiscal global bajo liderazgo multilateral genuino, donde las necesidades de los países en desarrollo y la equidad tributaria no se subordinen a los intereses de las potencias ni de sus corporaciones más influyentes.
